Una investigación de la Policía Local de Pontevedra ha desembocado en la condena a dos agentes de seguros de un correduría de Ferrol por estafa continuada a más de 70 automovilistas, a los que cobraban las pólizas de sus vehículos pero sin abonarlas a la compañía aseguradora.
Los hechos se remontan a 2012, cuando en un control de tráfico los policías municipales de Pontevedra dieron el alto a un vehículo que constaba sin seguro obligatorio en la base de datos de Tráfico. Tras la denuncia y la inmovilización del coche el conductor y propietario explicó a los agentes que sí tenía seguro, que tenía que tratarse de un error y de hecho les muestra un recibo bancario en el que consta que abonó efectivamente el seguro.
El propietario pagó esa póliza a un correduría de seguros de Ferrol, sin que a su vez ésta abonase el recibo a la compañía aseguradora. "En las mismas investigaciones", indican los portavoces de la Policía Local, "se pudo constatar que varios familiares de esta persona habían contratado y pagado varias pólizas de seguro y se encontraban en la misma situación".
Al seguir con las pesquisas los policías se pusieron en contacto con distintas compañías que trabajaban con la correduría ferrolana y constataron que "varios familiares de esta persona habían contratado y pagado varias pólizas de seguro y se encontraban en la misma situación".
La sentencia que condena a los agentes de seguros refleja que durante más de una década (entre 2000 y 2012) los dos socios de la correduría de seguros se valieron de su condición profesional y de la confianza que depositaban en ellos sus clientes para cobrar en efectivo o a través de una domiciliación bancaria a esos clientes, que pagan las primeras de sus seguros sin que éstas a su vez fuesen abonadas a las compañías aseguradoras.
Éstas tramitaban los recibos "a cuenta de los agentes aseguradores y no a los contratantes de la póliza", según refleja la sentencia, por lo que procedían a anual al seguro al no haber saldo en la cuenta, "ignorando los contratantes del seguro que había sido devuelto el recibo".
Este método les permitió apropiarse de "por lo menos, 42.537 euros", según se recoge en la sentencia.
