Una treintena de propiedades se verán afectadas por las expropiaciones que la Consellería de Sanidade llevará a cabo para poder realizar la ampliación del Hospital Montecelo. La Xunta hizo pública esta información ayer en el Diario Oficial de Galicia, por lo que los afectados disponen ahora de un mes para presentar las reclamaciones y alegaciones que consideren pertinentes.
Entre ellos destacan cinco viviendas familiares con terreno anexo y, en función de cada caso particular, almacenes, negocios, piscina bajos comerciales y hórreos.
También se verán afectados cuatro negocios de la zona, que recibirán la indemnización correspondiente por traslado.
Completan la lista de expropiaciones 18 parcelas sin construcción alguna, clasificadas como suelo rústico y de núcleo rural. Los hay de uso agrícola, forestal o de separación o cierre.
En total, se expropiarán, tal y como anuncia Sanidade, cerca de 26.000 metros cuadrados de suelo rústico, algo más de 2.000 de suelo de núcleo rural, 624 de cierres y muros.
Cada una de las personas que aparezcan como titulares de bienes en el expediente serán notificadas.
Sanidade recuerda que el proyecto de ampliación del Hospital Montecelo cuenta con una inversión aproximada de 140 millones de euros.
El Gran Montecelo aumentará un 50 por ciento su superficie, pasando de los cerca de 80.000 metros cuadrados actuales a 118.000.
La nueva infraestructura hospitalaria contará con un 57 por ciento de sus cuartos individuales y se incrementará en un 92 por ciento el número de salas y puestos de Urgencias. Asimismo, tal y como informa el Sergas, se sumarán un 49 por ciento más de puestos en el Hospital de Día.
El área sanitaria de Pontevedra, a la que atenderá el nuevo hospital, ronda los 300.000 habitantes.
Comuneros de Mourente
Pese a la publicación de las expropiaciones concretas que realizará Sanidade, los comuneros todavía siguen sin noticias de la Xunta para negociar la cesión del terreno de Montecelo. Falta por resolver la fórmula para ocupar el solar del actual edificio, cuya propiedad volvió a los vecinos el año pasado por determinación del Tribunal Supremo.
Los comuneros no descartan que el gobierno autonómico opte por la expropiación también de este terreno, aunque manifiestan que su preferencia es la cesión con un canon mensual.
En caso de que se produzca la primera fórmula, tienen claro, tal y como aseguraron recientemente a FARO, que lucharán por obtener "el mejor precio posible".
