La regularización catastral que llevó a cabo el Ministerio de Hacienda el pasado año aún colea en el municipio. Después de localizar un total de 6.501 inmuebles ocultos al fisco, muchos vecinos acaban de enterarse ahora de que sus casas fueron objeto en su día de esta inspección, destinada a localizar aquellos bienes que no figuraban en los listados del Catastro y, por tanto, no pagaban el IBI u otros impuestos.
La llegada masiva de notificaciones por parte de Hacienda, en las que exige el pago de una tasa de 60 euros por cada inspección, y otros seis por intereses de demora ha provocado no solo la indignación de los afectados, sino también una oleada de reclamaciones ante el Catastro por llegar "sin previo aviso".
Algunos de estos propietarios señalan que la explicación recibida en este organismo es que muchos domicilios del rural carece de número y no son fácilmente localizables, por lo que se realizó una notificación genérica a través de los boletines oficiales, unas publicaciones que apenas nadie consulta.
Pero lo más llamativo de estas explicaciones, según añaden los afectados, es que las notificaciones de que su casa había sido revisada no llegaron a los domicilios, pero sí el aviso de "morosidad" de Hacienda.
El Concello de Pontevedra tuvo en servicio del 17 de julio al 27 de noviembre una oficina de asesoramiento a los vecinos que querían reclamar a medida que recibían las cartas que anuncia este cobro. Durante estos cuatro meses fueron atendidos 722 contribuyentes y finalmente se presentaron 228 alegaciones, que el Concello registró en el Catastro.
Se dieron casos muy curiosos, como lonas extendidas en el suelo, que el vuelo de inspección de Hacienda identificaba como supuestas piscinas, mientras que otros alegantes se quejaban de confusiones en sus propiedades.
En algunos casos cada propietario recibió varias cartas de cobro, si tiene varias parcelas con construcciones agrícolas y por lo tanto distintas unidades catastrales sobre las que aplicar la tasa.
Para el gobierno local esta nueva tasa, que ya supone un desembolso de 60 euros solo por la inspección, supone "cargarse la estructura rural tradicional" por cuanto grava casetas y cobertizos agrícolas que nunca han dejado de serlo, al margen de que en algunos casos se detecte algún fraude al convertir estas supuestas naves en edificios habitables.
El concejal de Economía, Raimundo González Carballo, aseguró en su día que este proceso tendría una "repercusión mínima" para las arcas del Concello -por la vía del IBI- y, por el contrario, genera un conflicto para los afectados.
"Lucha contra el fraude"
Granjas, invernaderos, hórreos o establos, nuevas construcciones, reformas, piscinas. La relación de inmuebles "perseguidos" ha sido muy amplia, si bien el Ministerio de Hacienda siempre negó que se tratara de una revisión y hablaba, por contra de un "plan de lucha contra el fraude".
Fuentes oficiales de Hacienda explicaron que este proceso trató de "cotejar las construcciones que no están reflejadas en el Catastro" y recopilar las edificaciones rústicas porque "es una obligación desde 2008 valorar esas construcciones", que se incorporaron a la relación catastral a medida que se realizan revisiones.
