La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá hoy la primera de las sesiones previstas del juicio contra el millonario luso Carlos Inácio Pinto, acusado de intentar asesinar a su mujer golpeándola con un mazo de cantero en un céntrico hotel de Vigo en mayo de 2016. Se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 12 años de prisión.
Según el escrito de la fiscal, Carlos Inácio y su mujer, Eliza G. P., una exmodelo rumana, llegaron el primero de mayo de 2016 al Hotel NH Palacio de la calle García Barbón de Vigo para pasar unos días en la ciudad olívica. Ambos formaban, aparentemente, un matrimonio bien avenido y adinerado que se había casado un año antes, aunque que ya mantenían una relación desde hace unos seis años. Los dos vivían en una zona residencial de Gaia, en las afueras de Oporto.
Sobre las 8.20 horas del 2 de mayo, según el relato de la fiscal, el acusado atacó a la víctima "por sorpresa", aprovechando que la mujer se encontraba en la habitación del hotel duchándose, agachada para aplicarse crema por su cuerpo, cuando el acusado la acometió por la espalda golpeándola en una zona vital como es la nuca con una maza de cantero. Según el relato del Ministerio Público, el acusado volvió a golpearla en la cabeza con el mazo reiteradamente, llegando la mujer a caer al suelo, instante en el que "persistíu na súa intención de acabar coa súa vida" colocándose encima de ella y agarrándola por el cuello con sus manos y golpeando su cabeza contra el suelo. La mujer sufrió diversas lesiones y heridas de las que fue atendida en el hospital Álvaro Cunqueiro, entre ellas contusiones y diversas heridas. Sufrió además secuelas psicológicas.
Mañana está previsto que Eliza G. P. declare por videoconferencia para evitar así el contacto visual con su presunto agresor, o al menos esta es la petición que ha formulado la fiscal a la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, especializada en violencia de género.
Control telemático
Además de los doce años de prisión, la Fiscalía reclama que se le imponga al acusado una orden de alejamiento y comunicación hacia su mujer durante diez años después del cumplimiento de la condena. En cualquier caso, reclama también que el cumplimiento de esta medida de alejamiento se compruebe mediante el control con una pulsera telemática en aquellos periodos en los que no se encuentre ingresado en prisión. Como responsabilidad civil, la fiscal reclama que el acusado indemnice a la víctima con 5.000 euros por las lesiones físicas y sus secuelas, diez mil euros por las lesiones psíquicas y sus secuelas y que indemnice al Sergas con 779 euros por el coste de la atención hospitalaria a la víctima.
El juicio también podría servir para arrojar más luz sobre el móvil de este suceso. En su momento la policía investigó una posible motivación económica, dado que el acusado podría atravesar un momento delicado en el ámbito de las finanzas y sería el beneficiario de un seguro de vida que habían suscrito ambos en el caso de muerte del cónyuge.
