Por unanimidad se aprobó ayer inicialmente, a la espera de su exposición al público, la segunda ordenanza municipal de telefonía que incorpora un tributo que deberán pagar las empresas que operan en el municipio por la utilización del dominio público. Ya hubo una normativa en 2009 que anularon los tribunales y ahora se formula un nuevo texto con el que se aspira a recaudar unos 176.000 euros al año.
Su elaboración es fruto de una petición del PSOE de hace dos años y se calcula que estas empresas ocupan actualmente unos 68.000 metros cuadrados de suelo, subsuelo o vuelo en la vía pública. Las afectadas, principalmente, son dos compañías, Movistar y R.
La nueva tasa regulará la conocida como utilización privativa y los aprovechamientos especiales en el suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.
Tendrán que pagarla de manera trimestral todas las compañías telefónicas que prestan servicio en la ciudad, aunque aquellas que tengan menos de 5.500 líneas de prepago o contrato disfrutarán de una bonificación del 70%. Tras la aprobación de, si no se presentan alegaciones en el periodo de exposición pública, la tasa ya entrará en vigor automáticamente.
