Un juzgado confirma que la titularidad de los terrenos que ocupa el campo de tiro de Xeve es propiedad de los comuneros de Santo André de Xeve. Así lo desveló esta mañana el portavoz del ejecutivo local, Raimundo González Carballo, al abordar el contenido de una serie de sentencias de cuyo resultado se dio cuenta a la junta de gobierno.

En este caso, al igual que ya ocurrió en otros como la reclamación del terreno de la Brilat, el Concello estaba personado por ser la administración que cedió estos terrenos comunales durante el franquismo a distintas administraciones. En este caso, fue cedida al Movimiento en el año 1976 para un complejo deportivo y finalmente acabó en manos de la Xunta, que aparecía como titular del terreno hasta la emisión de esta última sentencia judicial, que devuelve la propiedad a los vecinos.

El fallo continúa en la línea de la amplia jurisprudencia que existe ya al respecto, como ocurrió con el caso de la Brilat, señalando que el monte comunal es inalienable e inembargable y que por lo tanto la propiedad es de la comunidad de montes. El fallo, dictaminado por el juzgado de primera instancia número 4 de la capital, todavía es susceptible de ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

Precisamente, los impulsores de esta demanda para reclamar la titularidad de los terrenos están a la espera de comprobar si finalmente se recurre o no el fallo. De no haber recurso y convertirse en una decisión firme, la sentencia y sus consecuencias serían discutidas en una asamblea ordinaria en los meses de marzo o abril. Jesús Castro, presidente de la comunidad de montes, explicaba ayer que en ningún momento el objetivo de la entidad con esta demanda es forzar la marcha o el cierre del actual campo de tiro, pero sí garantizar su titularidad en el caso de que finalmente algún día se traslade la instalación, una posibilidad que se planteó no hace mucho tiempo, aunque finalmente no se materializó. Si finalmente eso ocurriese, los vecinos se garantizan a través de esta decisión judicial la titularidad de los terrenos.

Castro insiste en que los vecinos de la zona, inicialmente, no se opondrían a la continuidad del campo de tiro, pero a cambio también de que se sigan respetando una serie de normas que garanticen la convivencia de la instalación con el resto de la comunidad.