Una delegación de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) se entrevistó en Madrid con el director del departamento de Asuntos Económicos de Presidencia, Manuel de la Rocha, y la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, para tratar la situación de los conflictos en Ence y Elnosa.

Respecto a Elnosa, "en ambos estamentos se entendió la posición defendida por la APDR en el sentido de que el pasado 29 de julio se extinguió su derecho de ocupación del dominio público en Lourizán, y se confirmó que existen causas evidentes de caducidad, que van a dar lugar a la resolución definitiva del expediente de forma positiva para los intereses de la asociación".

"Mantienen la posición de que la Administración tiene el deber de concluir la tramitación del expediente de caducidad, un aspecto en el que tenemos diferencias evidentes en la asociación y para lo cual esperan una resolución contraria a los intereses de la electroquímica en un plazo de tiempo que aseguran va a ser corto. Esta resolución conllevaría la liberación de los terrenos y su ocupación por la Administración", explican.

Afirmaron además que "tratarán de conseguir que se reconsidere nuestra situación, en el sentido de que se nos tenga por parte interesada en este expediente, una situación que consideran irregular, y posibilitarán nuestro acceso al expediente de caducidad", algo que hasta ahora se negó al colectivo.

Sobre Ence, los representantes del Gobierno insistieron en la dificultad que supone intervenir por la vía administrativa en una situación que está judicializada, "pero mantienen esperanzas de que la resolución de los recursos existentes en la Audiencia Nacional puedan dar un giro, que facilite la resolución favorable a la defensa del medio ambiente y finalmente con la desaparición de la empresa de su actual emplazamiento", asegura APDR.

La directora general afirmó estar convencida de que se han cometido "numerosas irregularidades" tanto en la resolución del expediente de caducidad de Ence como en el procedimiento de concesión de la prórroga de 60 años, y que, en ese sentido, confían en que se puedan solventar de forma positiva por la vía judicial.