Entre los puntos del orden del día del pleno extraordinario celebrado el pasado jueves se encontraba una propuesta del concejal de Hacienda, Marcos Guisasola, para interponer acciones judiciales ante la jurisdicción civil para reclamar la propiedad por parte del Concello de la totalidad de la parcela de la calle das Cunchas, por la que se instó en su día un procedimiento de expropiación por parte de la familia Rocafort contra el Concello de Sanxenxo.

La referida finca está formada por una zona verde de 1.750 metros cuadrados y un sistema viario de 1.212 metros. El Tribunal Supremo dictaminó recientemente retrotraer las actuaciones y ampliar los metros a valorar a favor de la familia Rocafort, ya que la sentencia anterior del TSXG tan sólo consideró oportuno valorar los 1.750 metros de zona verde, que cuantificó en la suma de 3.010.872,32. Ahora hay que añadir los 1.212 de viales.

Los votos favorables de PP y SAL permitieron sacar adelante la propuesta de iniciar una demanda para que se declare que el Concello es el propietario de la totalidad de esa finca y que por lo tanto, nada se le debe a la familia Rocafort por la misma, basándose en que dicha parcela habría agotado su aprovechamiento urbanístico con el otorgamiento de sucesivas licencias urbanísticas que fueron concedidas a sus propietarios en los años 80.

Se trata de una estrategia judicial arriesgada e interpretada por los grupos de la oposición como "electoralista", ya que entienden que solo pretende evitar ahora el pago a la familia Rocafort y que, sin embargo, puede acarrear unos costes millonarios para las arcas municipales.

"Plantear a estas alturas un procedimiento civil, alegando que el Concello ya es propietario de esta parcela, podría quizás intentarse en vía judicial para la parte de la finca destinada a viales, pero es difícilmente sostenible para la zona verde de la misma", según expuso la concejala no adscrita, Vanessa Rodríguez Búa, durante el pleno.

La edil destacó que el informe solicitado por el Concello a un despacho de abogados de Vigo dice textualmente que antes de iniciar las acciones civiles se deberá "comprobar y, de ser así, acreditar y certificar que la parcela en cuestión agotó el aprovechamiento urbanístico con el otorgamiento de las sucesivas licencias que le fueron concedidas a sus propietarios", lo que supone que deberá ser previa a la decisión de instar o no la demanda judicial. "No es posible valorar la oportunidad del pleito y las posibilidades de ganar que tiene el Concello sin hacer esa comprobación , la cual no consta en el expediente a día de hoy". Para Vanessa Rodríguez Búa, "es esencial tener toda la información antes de decidir embarcar a los vecinos de Sanxenxo en un nuevo pleito millonario. La responsabilidad del alcalde y de los concejales es la de velar por los intereses del conjunto de los vecinos y este pleito, tan sólo en costas podría llegar a suponer medio millón de euros. Por lo que no es responsable tomar esta decisión ahora".

Para la concejala de Sanxenxo Independientes "es evidente que la decisión se toma pensando en retrasar al máximo el pago a la familia Rocafort".