Dos tenientes de la Armada aceptaron ayer una pena de seis meses de prisión por un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas cuando eran alféreces-alumnos en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). Otros tres han quedado absueltos.
Inicialmente, estaba previsto que se celebrase ayer el juicio en el Tribunal Militar cuarto de A Coruña, una vista a la que estaban citados más de una treintena de testigos. Sin embargo, tras varias horas para intentar llegar a un acuerdo de conformidad, dos de los entonces alféreces-alumnos aceptaron una pena de seis meses de prisión. Además, deberán pagar una indemnización conjunta de 10.000 euros al denunciante.
En el caso de los otros tres, quedaron absueltos al considerar que "no intervinieron ni antes, ni el día del detonante", según explicó a Europa Press uno de los letrados personados en la causa en relación a las maniobras que tuvieron como detonante la presentación de la denuncia.
Acoso y amenazas
Estos hechos se remontan al 12 mayo de 2016 durante unas maniobras en Chinchilla (Albacete), aunque el "acoso y las amenazas" denunciados por la víctima se habría producido también con anterioridad durante toda su etapa de formación en la Escuela Naval. La denuncia fue presentada por un compañero de los entonces alféreces (ahora tenientes) a los que la Fiscalía Militar imputaba un delito contra el ejercicio de derechos fundamentales y las libertades públicas. En concreto, según han explicado a Europa Press fuentes del tribunal, les consideraba autores de "amenazas y conductas de menosprecio".
Penas anteriores
Antes de producirse el acuerdo de conformidad, para dos de los entonces alféreces de la Escuela Naval Militar de Marín, la Fiscalía Militar pedía un año y dos meses de prisión, mientras que para otros tres solicitaba una pena de seis meses de prisión. Por su parte, la acusación particular reclamaba 15 meses de prisión para los cinco alféreces por un delito continuado relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.
En el caso de dos de ellos, entendía también que hubo un delito de insulto a superior por el que pedía dos años y seis meses de prisión. Subsidiariamente, en caso de no estimarse también esta petición, reclamaba 15 meses de prisión para todos los acusados. La Abogacía del Estado rechazaba que hubiese responsabilidad civil por parte de la Administración, mientras que las defensas solicitaban la absolución.
