La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, instó ayer a la Vicepresidencia de la Xunta a que cumpla con su "obligación" adquirida en el convenio de la cesión de la finca de Lourizán para que proceda ya a la rehabilitación y conservación del Pazo de Lourizán. Silva recordó que esta obligación está recogida en el convenio que la Diputación y la Xunta firmaron en el año 1990 y ratificado en un segundo convenio en el año 2000 para la cesión tanto de la finca de Lourizán como de sus edificaciones. Silva recuerda que se trata de un inmueble catalogado e integrado en el Patrimonio Cultural de Galicia.

La Diputación realizó este recordatorio mediante una misiva remitida a la Vicepresidencia de la Xunta. En ella, la presidenta recuerda que el convenio de cesión es por un periodo de 30 años, hasta el 22 de enero de 2021 y "deja meridianamente claro" que una de las obligaciones del actual inquilino, el ejecutivo gallego, es "efectuar las obras de conservación para el mantenimiento de la zona noble del conjunto, respetando su carácter artístico".

Silva aporta en su escrito la memoria Técnicas sobre las intervenciones necesarias en el Pazo, realizada por el Servicio de Arquitectura de la Diputación, en la que se hace una estimación económica de la actuación necesaria para recuperar el Pazo en 14 millones de euros. En el informe, se pone de manifiesto "el deficiente estado de conservación del Pazo" que "exige su restauración".

Fracturas y cortocircuitos

De hecho, señala cierta urgencia en la actuación dado que "la seguridad estructural no está garantizada en diversas zonas del edificio" y recuerda que actualmente está "apuntalada la galería, presenta fracturas en varios de los dinteles, hay zonas con repisado en varias salas y corredores, humedades muy patentes, zonas que invadió la vegetación, y áreas colonizadas por algas, mohos y líquenes"

El informe técnico también señala que "parte de la cubierta de la cara sur del inmueble comenzó a hundirse, y que existen riesgos importantes en lo tocante a la seguridad eléctrica con peligro de cortocircuitos; las carpinterías, tanto interiores como exteriores, están en mal estado; y dado que no se dispone de ningún tipo de vigilancia, existe inseguridad frente a actos vandálicos, ocupaciones o robos".

El personal técnico de la Diputación propone actuaciones, desde una visión global del edificio, para conocer la fiabilidad de la estructura; un análisis pormenorizado de las zonas apuntaladas, la sustitución de cuadros eléctricos, y el estudio de cada uno de los aspectos que presentan deterioro. Además, pide "respeto máximo" a la concepción y a los materiales originales del inmueble con el mantenimiento de aquellos elementos que merezcan protección. Concretamente, los técnicos cifran el coste de las actuaciones en 14.255.010 euros.

No al capital privado

La Vicepresidencia de la Xunta había propuesto la posibilidad de que fuese la empresa Ence la que colaborase y financiase gran parte de la rehabilitación del Pazo de Lourizán con el objetivo de que albergase un gran centro de investigación forestal en su interior, pero la iniciativa no fue vista con buenos ojos por parte del gobierno provincial que no quería que la rehabilitación y el futuro del Pazo estuviese condicionado por la entrada de capital procedente de la empresa privada. En este sentido, desde hace tiempo insiste en reclamar a la Xunta que cumpla con su parte del convenio e invierta lo necesario en el mantenimiento el histórico edificio, residencia en su día de Montero Ríos.