En primer término fue la el Consejo General de la Abogacía y luego el Consello Galego da Avogacía quienes se postularon contra el modelo elegido por el Consejo General del Poder Judicial para afrontar la avalancha de demandas que se prevén para reclamar por las cantidades cobradas de forma indebida por las cláusulas suelo. Y también ayer el Colegio de Abogados de Pontevedra se sumó finalmente a este frontal rechazo a una fórmula que, en Pontevedra, especializa uno de los juzgados de Primera Instancia de Vigo para la tramitación en exclusiva de todos los pleitos sobre cláusulas abusivas hipotecarias de la provincia y, especialmente, de las cláusulas suelo.

El Colegio de Abogados pontevedrés expresó en un comunicado su "frontal rechazo" la decisión del Poder Judicial de especializar un juzgado por provincia por entender que se trata de "una decisión injusta y antisocial, que favorece a la banca en perjuicio de la ciudadanía", en especial aquella que no reside como es el caso de Galicia en una de las cuatro ciudades concretas en las que se ubican las sedes elegidas (A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo). Entienden, además, "que se trata de una medida perjudicial para el funcionamiento de la administración de Justicia, que impide repartir el trabajo de una forma adecuada entre los distintos partidos judiciales" (45 en el caso de Galicia y los 13 de la provincia de Pontevedra) "sobrecargando a cuatro juzgados ya colapsados".

En este sentido, el Colegio de Abogados pontevedrés se adhiere a lo ya acordado por el pleno del Consejo General de la Abogacía Española el pasado 19 de mayo. El órgano que representa a los 81 colegios de abogados españoles expresó su rechazo institucional a esta propuesta de crear juzgados provinciales especializados. Una postura que se adoptó argumentando, entre otras cuestiones que "este plan produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial". Y que "el plan propuesto por el CGPJ genera una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos -añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos- para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas".

El Colegio de Abogados del que es decano Ramón Jáudenes también recuerda la postura contraria del Consello da Avogacía Galega que destacó además que la medida es adoptada incluso "contra el parecer de los jueces gallegos".

Para el órgano colegiado pontevedrés la decisión "no solo excepciona las normas procesales en materia de competencia territorial en perjuicio del ciudadano" (a quien creen que se le obliga a renunciar al fuero predeterminado, es decir, al juez que le corresponde por ley) sino que "en absoluto garantiza una mayor eficacia ni rapidez en la tramitación de los procedimientos" como creen que ya se demostró "con la decisión de crear juzgados especializados en materia de participaciones preferentes y deuda subordinada". Más al contrario, añaden, "los juzgados de los 45 partidos judiciales de Galicia demostraron entonces unos tiempos de respuesta óptimos" en este tipo de asuntos, "gracias al esfuerzo de jueces letrados de la administración y funcionarios, en contraposición al colapso que sufrieron los dos juzgados especializados".

Los recursos, en Pontevedra

Por último, recuerdan que los casos podrían acabar resolviéndose finalmente en Pontevedra, dado que "la sala de la Audiencia Provincial especializada en apelaciones frente a las sentencias que se dicten en primera instancia en estos asuntos tiene su sede en la capital provincial, siendo que en esta se resuelven los pleitos a dos tercios de los justiciables de la provincia, lo que no hace sino remarcar el desacierto de esta decisión del CGPJ".

Remarcan además que el Poder Judicial solo hace esta excepción a la "ubicación natural" del juzgado especializado en otras tres sedes de toda España.