Hace dos meses, toda la oposición en pleno se aliaba contra la intención del gobierno local de realizar una modificación presupuestaria con el fin de destinar cerca de 800.000 euros del superávit de 2015 para amortizar la deuda municipal. Ningún de los demás grupos asumió el argumento del BNG de que se trataba de una imposición legal. Por ello realizó consultas a la Xunta y al Ministerio de Facenda para saber qué hacer, pero sin una respuesta clara más allá de aclarar que no habría sanción por ello. Finalmente se sigue el consejo de los propios servicios municipales y el lunes se llevará de nuevo esa propuesta al pleno.
