La delimitación del deslinde entre Pontevedra y Marín en el interior del Puerto permanece desde hace años paralizada, sin que la Xunta y el Instituto Geográfico Nacional resuelven un conflicto que afecta al funcionamiento interno de las instalaciones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda parece tenerlo claro. La mayor parte de las ampliaciones y rellenos ejecutados en el recinto portuario en los últimos años aparecen en el Catastro como territorio de la capital y todas las naves ubicadas desde 2011 hasta ahora en esos nuevos terrenos cotizan el Impuesto de Bienes Inmuebles en Pontevedra pese a que la mayor parte de licencias y autorizaciones municipales son otorgadas por el Concello de Marín, según recordó ayer su alcaldesa, María Ramallo.
Si en 2011 la Dirección General del Catastro valoraba las instalaciones portuarias en 47,5 millones, con 137 unidades catastrales (54 en Marín y 83 en Pontevedra), el último resumen de los bienes inmuebles de características especiales (BICE) , correspondiente a 2015, eleva la tasación a 49,2 millones, con 219 unidades, de las que 56 están en territorio marinense, ganando únicamente dos desde entonces, mientras que las 163 restantes se atribuyen a Pontevedra, el doble que hace cinco años. De este modo, todas las nuevas naves, ampliaciones y reformas ejecutadas en los últimos cinco años son situadas por el Catastro en la capital, que acumula el 75% de todas las unidades del Puerto. De este modo, desde 2011 hasta ahora, el número de bienes localizados por el Catastro en el Puerto creció un 60% pero la inmensa mayoría de las altas se adjudicaron a Pontevedra: 80 nuevos en la capital frente a dos en Marín.
Marín defiende la "unidad"
María Ramallo cuestionó ayer esta asignación al defender el recinto portuario como un "todo" marinense, en especial si se tiene en cuenta que es su concello el que tramita la mayor parte de autorizaciones urbanísticas. Se da la circunstancia de que en 2011, cuando ya se detectaba esta "división administrativa", Ramallo, en su condición entonces de diputada por el PP en el Congreso, se quejaba en la Cámara Baja de este reparto del impuesto de Bienes Inmuebles referidos al Puerto.
Los bienes inmuebles de características especiales son aquellos que "forman un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble", según explicaba entonces el Ministerio de Hacienda, que mantiene dividido el recinto entre los dos municipios cinco años después. El Ministerio mantiene inalterado el criterio de que "el Puerto Comercial de Marín y Ría de Pontevedra es, a efectos catastrales, un bien inmueble de características especiales (BICE)" y "ocupa unos terrenos ganados al mar que, de acuerdo con el deslinde de términos municipales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), pertenecen a los municipios de Pontevedra y de Marín".
Insistía en que "el Puerto Comercial de Marín y Ría de Pontevedra es un conjunto complejo integrado por una pluralidad de terrenos, elementos constructivos e instalaciones, algunos de los cuales se encuentran en régimen de concesión administrativa" y apunta que "atendiendo a la situación de estos elementos dentro del recinto, se encajan en el ámbito territorial delimitado para cada término municipal y, en consecuencia, se incorporan en el respectivo Padrón del IBI"
El caso de Vigo
Marín cuestiona desde hace años el criterio utilizado por la Gerencia del Catastro para asignar el pago del IBI de las empresas portuarias a un concello o a otro y se recuerda que más del 90% de las licencias de apertura de las empresas del puerto las tramitó el Concello de Marín, lo que daría fuerza a la tesis de que el puerto es una "entidad matriz" de la que han emanado los nuevos terrenos objeto del conflicto
Los tres puertos comerciales de la provincia (Marín, Vigo y Vilagarcía) aparecen repartidos, a efectos catastrales, en ocho municipios. El de Vigo cuenta, a efectos catastrales, con instalaciones en ese municipio además de en Cangas, Moaña, Redondela y Vilaboa, si bien no parece surgir el mismo conflicto que entre Pontevedra y Vigo. A su vez, el de Vilagarcía no comparte territorio con ningún municipio vecino. En el caso del puerto vigués, el Catastro adjudica al territorio olívico 749 unidades (valoradas en 263,5 millones de euros), lo que supone el 95% del total, ya que en Moaña son 20, otras 17 en Redondela y cinco en Vilaboa.
