La prórroga de la concesión a Ence por 60 años más, hasta 2073, no incumple las determinaciones del Plan de Ordenación do Litoral (POL) ni las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) de Galicia pese a que estos documentos aprobados en su día por la Xunta establecen pautas de actuación en los terrenos de Lourizán ocupados por la fábrica. Así lo aseguró ayer en el Parlamento gallego el secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, en respuesta a las críticas del BNG y AGE por la concesión de esa prórroga. De Benito Basanta señaló que tanto el POL como las DOT establecen una protección paisajística para esos terrenos "cuando la desaparición de las fábricas estaba prevista para 2018", pero ese "escenario cambió" con la nueva Ley de Costas y ese cambio de ubicación solo era un "presupuesto de partida" porque esos documentos "no pueden imponer la retirada" de las factorías.
La comisión de Ordenación do Territorio del Parlamento gallego albergó ayer un nuevo debate sobre Ence, provocado por sendas preguntas a De Benito por parte de Montserrat Prado (BNG) y Antón Sánchez (AGE), que reprocharon al PP que "tanto en las elecciones de 2009 como las de 2012 defendiera el traslado de Ence y ahora aceptan la prórroga". El secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, admitió que el cambio de postura del Gobierno gallego supone "cierto coste político", pero insistió en que ahora "el escenario no es el mismo" ni desde el punto de vista legislativo ni económico que cuando se mantenía la marcha de la pastera de la ría de Pontevedra con el horizonte de 2018".
"No a cualquier precio"
Defendió que "la promoción y protección de empleo es una prioridad absoluta" para la Xunta, pero "no a cualquier precio", pues se realizan "seguimientos periódicos" sobre el funcionamiento de esta factoría, con "un control absolutamente estricto" para "mantener el más alto nivel de exigencia en su carácter ambiental". Subrayó que la reciente decisión de la prórroga no es "por un criterio político" del Gobierno, sino "un procedimiento administrativo reglado" de una secretaría general del Ministerio de Medio Ambiente, de forma que "se resolvió cuando tocaba". Tras recordar al BNG que "aprobaron la primera autorización ambiental integrada de ENCE en 2008" con el gobierno bipartito, De Benito limitó el papel de la actual Xunta a acreditar que la empresa cumple los requisitos medioambientales. Aprovechó para echar en cara a los nacionalistas que "no pueden" llevar este debate al Congreso al carecer de representación en las Cortes Generales tras las elecciones del 20-D.
Sánchez insistió en que la continuidad Ence "incumple" el POL y recordó que contra ese documento y las DOT recurrieron Ence y Elnosa por fijar su marcha para 2018, si bien siempre antes de la nueva Ley de Costas. Al respecto, De Benito utilizó ayer unos argumentos similares a los que esgrimió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cuando en 2014 desestimó esos recursos empresariales.
Sentencia
Ence cuestionaba el POL alegando que los usos permitidos o compatibles para sus instalaciones en Lourizán (área de mejora ambiental y paisajística, corredor ecológico y espacios de interés) no tendrían relación con su actividad y que el objeto de su calificación es el traslado a otro lugar de la comarca de Pontevedra en el horizonte de 2018. Consideró el tribunal que "no se trata de que con el POL se cierren sus instalaciones, por lo que no se impiden con los usos previstos la actividad que desarrolla dicha empresa, sino que ello viene previsto para el caso de cierre".
Lo mismo argumentaba el tribunal en la demanda de Elnosa, que alegó que no se tenía en cuenta la degradación actual de los terrenos pero el TSXG replica que ese deterioro "no contradice la necesidad de conservar y, en su caso, recuperar la calidad ambiental y paisajística del área con la finalidad de proteger y conservar, desde una perspectiva integral, los recursos naturales del litoral".
