La sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer llega con dos variaciones muy sustanciales con respecto a las anteriores hasta ahora por este caso. Una de ellas es que el Gobierno central aprobó una nueva Ley de Costas; y la segunda, consecuencia de esa modificación legal, es que Ence ya ha solicitado acogerse a la nueva norma y solicitar una prórroga de 75 años más de la concesión, una petición "frenada" por el Estado a petición de la Xunta, que debe emitir un informe "determinante".
Por ello, los servicios jurídicos de ambas partes ya analizan las repercusiones de la sentencia del Supremo sobre esa pretensión de la compañía. Fuentes jurídicas consultadas por FARO apuntaron ayer que el fallo del Alto Tribunal "supone un problema para Ence, y más si aventuran que durará años, y es que no se podría prorrogar una concesión que está sujeta a un expediente de caducidad, es decir, que está en discusión si existe o no". A día de hoy, ese permiso caduca en julio de 2018, dentro de cuatro años.
