La Diputación de Pontevedra eliminará a 255 funcionarios la cobertura sanitaria y farmacéutica que reciben a través del seguro privado Adeslas y los integrará en el régimen general de la Seguridad Social. Una medida con la que se pretende ahorra medio millón de euros anuales y que forma parte de un plan que el presidente provincial anuncia que pondrá en marcha para "introducir criterios de competitividad en el sector público". Rafael Louzán pide "solidaridad" a los afectados y advierte de que sus condiciones laborales son "revisables" porque "hay que dar ejemplo".

La junta de gobierno del organismo pontevedrés acordó ayer poner en marcha un estudio con el que se pretenden introducir prácticas de la esfera privada entre la plantilla. El mandatario se ampara en que "en los tiempos que corren es fundamental incentivar el esfuerzo, el mérito, la capacidad, el rendimiento y el cumplimiento de objetivos en todos los sectores". Pero la primera de las decisiones, que previsiblemente se aprobará en el próximo pleno con la mayoría de los diputados del PP, será retirar las prestaciones médicas que reciben mediante una aseguradora a todos los funcionarios que accedieran a su puesto con anterioridad a 1993.

"Con esta medida damos el mismo trato a todo el personal funcionario", apuntó. Pero avanzó que las variaciones no se quedarán ahí. De hecho, recordó que entre las condiciones que hay diversas singularidades que corresponden al funcionariado como el derecho a los conocidos como "días moscosos" y que determinados aspectos "deben ser revisables". De todos modos, no concretó cuáles serían, algo que en principio se detallará en ese estudio cuyo encargo se aceptó ayer. "No puede haber islas en ningún sector que no se rijan por estos valores", añadió en referencia a su búsqueda de la "competitividad y esfuerzo".

Después de la reunión de la junta de gobierno, Louzán aseguró que "en las institución provincial hay un buen nivel de trabajo y de funcionarios y trabajadores diligentes y responsables". Pero aun así, considera que "se debe regular más la función pública para que el sector resulte más competitivo e incremente su consideración y valoración social.

En este sentido, Louzán valoró que "funcionarios y políticos comparten que no gozan de una buena valoración ante la opinión pública". Por eso insistió en que "hay que dar ejemplo" y anunció para el primero de los colectivos este repensamiento de sus características laborales. "Los trabajadores de este sector -el público- tienen que ser solidarios y corresponsables con el resto de la sociedad que hoy atraviesa por momentos de graves dificultades de todo tipo", apuntó.

Por ello defiende que no pueden quedar al margen comportamientos que en otras áreas tienen una tolerancia distinta. Así aludió a que se tomarían las pertinentes medidas "en caso de rendimiento deficiente, absentismo laboral, bajas injustificadas o de larga duración".

Asimismo, Rafael Louzán mostró su deseo de que este plan de competitividad sea bienvenido por parte de la oposición. De ahí que hiciese un llamamiento tanto al PSOE como al BNG para que se sumasen a la aprobación de iniciativas que supongan la introducción de dichas prácticas en el cuerpo funcionaria del ente pontevedrés. En el próximo pleno se tendría que producir la aprobación, según avanzó ayer el dirigente, de la orden mediante la que los funcionarios anteriores a abril de 1993 pierden las asistencia sanitaria y farmacéutica prestada para pasar al régimen general de la Seguridad Social.

Dinero para la Vuelta

Por otro lado y aprovechando la reciente presentación de la Vuelta a España, Rafael Louzán valoró que el paso de la ronda ciclista por la provincia no es un gasto sino "una inversión" que se convertirá en "un escaparate de Pontevedra y las Rías Baixas". De hecho destaca las repercusiones que tendrán sobre la economía de la zona "en turismo y restauración", agregando que "supondrá una proyección extraordinaria".

Louzán prefiere, sin embargo, esperar a que se cierren algunos detalles con la organización para desvelar a cuánto asciende los fondos que el organismo provincial destina a este evento. "Es un coste razonable, sobre todo si lo comparamos con otros eventos", valoró. De todos modos, afirmó que cuando esos flecos queden solucionados las cantidades se harán públicas.