Con un Gobierno central en funciones se paralizan las designaciones de los cargos de relevancia. Hasta que no se constituya el nuevo Ejecutivo resultante de la configuración del Congreso de los Diputados tras las elecciones del 10 de noviembre -vistos los precedentes, el acuerdo puede tardar varios meses-, no está previsto que la Fiscalía General del Estado designe al nuevo fiscal jefe provincial de Ourense, un cargo del que fue apartado Florentino Delgado Ayuso el pasado mes de abril.
Suspendido por la institución durante 10 meses, como responsable de dos faltas muy graves y dos faltas graves en su trato con abogados de la exedil del PSOE Áurea Soto -la denunciante de la causa del 10% contra el exalcalde del PP Manuel Cabezas- Florentino Delgado aún tiene la posibilidad de recurrir ante el Ministerio de Justicia en un plazo de un mes. Si esa acción no prospera puede presentar un recurso judicial en la vía contenciosa. Pero hay otro frente abierto, el que de hecho motivó su suspensión como jefe de la Fiscalía en Ourense.
La próxima semana caduca la suspensión cautelar de 6 meses acordada por la fiscala general, María José Segarra, por la polémica del piso de 200 metros cuadrados que la Xunta le pagó entre 2004 y 2016, con una renta mensual de 950 euros (siguió costeando los gastos de suministro de la vivienda). El fiscal jefe no dejó la casa pese a ser requerido. Delgado, natural de Burgos y con anterioridad fiscal de Menores en Ciudad Real hasta su designación en 2004 como fiscal jefe de Ourense (duró 15 años, convirtiéndose en la autoridad judicial más longeva de Galicia), consiguió nuevo destino en Madrid en el concurso de traslados resuelto el pasado mayo. Aún no ejerce por la suspensión derivada del caso del piso.
"El expediente disciplinario continúa en fase de tramitación. El día 24 finaliza la suspensión cautelar de seis meses, eso no afecta al expediente", contestaba sin más detalles el gabinete de prensa de la Fiscalía General, hace unos días.
Después de apartar a Florentino Delgado, Madrid envió a cuatro miembros de la inspección fiscal, que no se limitaron a una comprobación rutinaria de números y funcionamiento de la sede sino que se centraron en una búsqueda minuciosa de asuntos. La lupa sigue puesta meses después. La primera semana de este mes de octubre, la Fiscalía General del Estado requirió documentación acerca del pleito civil planteado por el propietario del céntrico piso de Ourense en el que residía Florentino Delgado. Una demanda, cifrada inicialmente en algo más de 21.000 euros, que se solventó sin necesidad de llegar a juicio tras el compromiso de pago por parte del exfiscal jefe.
Desde que María José Segarra acordó la suspensión provisional de Florentino Delgado el pasado mes de abril durante un máximo de 6 meses -el límite fijado por la fiscala general vence el día 24-, el cargo de fiscal jefe en funciones lo ejerce Carlos Valenzuela. El experimentado fiscal, muy apreciado por la plantilla del ministerio público y por los operadores jurídicos, se jubila a finales del mes de enero. Si a la fecha de su retiro todavía no hay un Gobierno estable, el cargo lo desempeñaría de manera interina el fiscal delegado de Violencia de Género, Julián Pardinas, que es el siguiente más veterano.
