Ourense, la tercera ciudad de Galicia en cuanto al número de habitantes, lleva una década con el documento urbanístico de referencia -el marco del desarrollo urbano- en un estado obsoleto. Después de que el Tribunal Supremo tumbara por vicios de nulidad el anterior, de 2003, el plan vigente en la actualidad data de 1986. Solo algunas modificaciones puntuales han permitido llevar a cabo algunas intervenciones básicas, actualizando algunos ámbitos. El Concello estudia implementar algunos retoques más para agilizar proyectos estratégicos sin tener que esperar a la entrada en vigor de un nuevo plan urbanístico, cuya implantación no se prevé antes de 12 o 18 meses, según calculan fuentes municipales. Esta alternativa para poder desarrollar con más celeridad el parque acuático termal en Untes, el BIC das Burgas o el PERI del casco histórico -enfocando la actuación entre la Alameda y el Posío- es una de las cuestiones a debate que deberán consensuar los dos socios del bipartito local, PP y Democracia Ourensana, en una serie de reuniones de cariz político y técnico que comienzan esta misma semana.
"El plan general es necesario para resolver problemas del ámbito privado pero para el desarrollo público se podría ir tirando con 4 o 5 actuaciones hasta tener un plan más sostenible jurídicamente. Un constructor, si lo hace amparado en una norma, mantiene sus derechos", dicen fuentes municipales.
Los dos partidos tiene otros puntos que debatir internamente sobre la gestión urbanística. El pasado mes de mayo, el anterior gobierno del PP liderado por Jesús Vázquez aprobó de forma provisional en una junta de gobierno el documento del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Democracia Ourensana, entonces beligerante opositor del PP, recurrieron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que admitió a trámite la acción.
En julio, la Xunta comunicó al Ayuntamiento que había "algunhas deficiencias de carácter formal, como a ausencia de dilixencia no documento", así como también con carencias documentales: sin planos o determinada documentación. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda requería al Concello de Ourense para que complete el PXOM antes de poder emitir el informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación definitiva. El aval de la Xunta es el último paso antes de la aprobación definitiva, que corresponderá al Concello.
De momento, aún no se ha remitido la subsanación a la Xunta ni DO ha decidido si retira la denuncia. Según las fuentes consultadas, decidirá en las reuniones con el PP que se inician esta semana.
La concejalía de Urbanismo está en manos de los populares también en este mandato. La edil responsable es Sonia Ogando. Preguntada por la posibilidad de llevar a cabo nuevas modificaciones en el plan del 86 para acortar plazos de algunos proyectos, la concejala responde (a través del gabinete de comunicación): "Primero tengo que estudiar lo que plantea DO sobre el PXOM y en qué actuaciones. Y después de comprobarlas se estudiará si es posible hacer modificaciones puntuales que, por lo que sé hasta ahora sin entrar a fondo, no son sustanciales".
Fuentes del Ayuntamiento apuntan a la posibilidad de que los dos socios del bipartito pacten una doble concesión, una paz definitiva tras años de desacuerdos: DO renunciaría a sostener el recurso en el Tribunal Superior mientras que los populares aceptarían dar marcha atrás a la aprobación provisional en el final del mandato de Jesús Vázquez.
Si prosperara este último planteamiento el documento se sometería al pleno para repetir la aprobación provisional dotándola de más seguridad jurídica. Con este objetivo de reducir el riesgo de posibles recursos contra el nuevo plan nada más nacer, también se baraja la incorporación de algunos informes sectoriales.
