"Despois de 20 anos por fin chegou o día de que a xustiza tome unha determinación por uns feitos que a Fiscalía, en sete informes, non considerou delictivos ao longo desta instrucción", destacó esta mañana el exdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, en el banquillo junto a otros diez acusados por un presunto fraude en subvenciones a la Unión Europea por obras para una planta de biomasa que no se correspondieron con el fin previsto en las ayudas públicas, en 1999, cuando Martínez era alcalde de A Arnoia y presidente del grupo de gestión de los fondos Leader, Ceivam. Es un proceso eterno. Uno de los encausados justificó su ausencia hoy, porque estaba en Sevilla.

Las defensas solicitan la prescripción "clara y amplia" de la causa. Esa ha sido la cuestión central de la primera sesión del juicio. Los letrados expusieron esta mañana sus razones para solicitar la absolución por la caducidad de la responsabilidad penal. Además, consideran que no hay legimitidad para que ejerza la única acusación (puesto que la Fiscalía pide el sobreseimiento) la Asociación para o Progreso do Ribeiro, vinculada al PSOE. Exponen que el Ministerio de Agricultura no consideró que había sido perjudicado y que la Audiencia Nacional, cuando ordenó en 2009 la devolución de las ayudas, no dedujo testimonio por presunto delito.

No obstante, el letrado de la acusación popular, José Arcos, defiende que no se puede hablar de prescripción porque hay una unidad delictiva y que la doctrina Atutxa del Supremo lo faculta para proteger el interés público ante presuntos delitos como el fraude en subvenciones o la malversación.

La denuncia penal se presentó en 2006 y hasta 2009 no se tomó declaración a los primeros investigados, como el propio Martínez. "Está todo prescrito", concluyó su defensa, Jorge Temes. Algunos acusados no fueron citados hasta 2013. La Audiencia Provincial de Ourense, en principio, reservó la fecha de mañana martes para estudiar las cuestiones previas y resolver.

Con todo, Rogelio Martínez niega irregularidades delictivas y entra al fondo de los hechos. "As axudas do plan Leader eran revisadas pola propia Xunta de Galicia e polo tanto tiñan o visto bo para a súa concesión. Parece ser, e iso vímolo máis tarde, que había unhas diferencias na súa execución. Por tanto hai un problema de certificación de obra e de aí surxe todo. Igual se pecou de chamar planta de biomasa a unha nave na que gardar ferramentas e poder facer os traballos de desbroces e utilización deses desbroces para fins hortícolas, agrícolas ou vitivinícolas". Además, Martínez denunció que "detrás de todo isto hai un interese político. Durante 40 anos non foron capaces de ganar no concello de A Arnoia e queríano gañar nos xulgados".

El letrado de la acusación, José Arcos, lamentaba, en conversación previa con la prensa, que el inicio del juicio 20 años después de los hechos "xa fala por si só. O que está claro é que fallou o proceso". En su opinión, la causa debe llegar a término. Plantea delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones, por los que solicita penas de prisión e inhabilitación. "Son delitos relacionados coa corrupción política". En su turno planteó vulneración de derechos de la defensa y "retrasos injustificados" del proceso, criticando la postura de la Fiscalía aunque "sin hacer leña del árbol caído".