Empezará el juicio con 11 acusados en el banquillo pero podría continuar con muchos menos. El caso por un presunto fraude en subvenciones de la Unión Europea se resolverá de manera acorde a la anomalía de este proceso: los once encausados -entre ellos, el exdelegado territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez (PP)- se sientan en el banquillo 20 años después de que ocurrieran los hechos y 13 años más tarde del comienzo de la instrucción judicial. La vista oral analizará en primer lugar qué delitos han prescrito y contra qué acusados se extingue la responsabilidad penal, por caducidad, debido al paso del tiempo. La Audiencia Provincial fija para el 3 de junio el turno de las cuestiones previas. A esa jornada acudirán los 11 acusados y sus defensas plantearán los argumentos en base a los que consideran que el juicio no debería celebrarse por los años transcurridos. El tribunal suspenderá tras oír a las partes y reserva el día 4 para resolver qué encausados quedan al margen y cuáles se someten a la totalidad del juicio, el 5 y 6 de junio, hasta que se dicte una sentencia.

Los magistrados tendrán que estudiar, caso a caso, el alegato de la prescripción que plantearán los distintos abogados. No todos los encausados afrontan los mismos delitos. Cada infracción -malversación, falsedad documental o fraude- tiene un plazo distinto de extinción de la responsabilidad penal. La malversación prescribe a los diez años, mientras que la falsedad documental caduca en un lustro.

Hace 20 años, cuando ocurrió el presunto engaño, Martínez -cesado por el presidente de la Xunta en 2015- era alcalde del concello ourensano de Arnoia. En abril de 2017, el juzgado de instrucción 1 de Ribadavia dictó el auto de apertura de juicio oral, 3 años y medio después de que se diera por finalizada la fase de instrucción. La causa llegó a estar archivada con anterioridad, pero la Audiencia ordenó reabrir. "Quiero terminar un proceso en el que llevamos 15 anos, por unos hechos de hace 20, donde los que denunciaron, el BNG, se retiraron, cuando fueron los impulsores y recurrieron dos archivos, de manera que sin ellos en ese momento el caso ya estaría cerrado. Además, la Fiscalía no acusa", subrayaba Rogelio Martínez en febrero, cuando se conoció el primer señalamiento del juicio. Iba a celebrarse en plena precampaña de las elecciones municipales de mayo pero se pospuso tras solicitar varios abogados un aplazamiento por compromisos previos.

En el procedimiento están personados diez letrados por los encausados y otro que representa a la acusación particular, que ejerce la denominada "Asociación para o Progreso do Ribeiro", vinculada al PSOE. La causa iniciada en 2006 esclarece la supuesta comisión de varios delitos, como presunta malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en el uso de subvenciones comunitarias destinadas a unos proyectos que no llegaron a ejecutarse. Los hechos se remontan a 1999, a raíz de la presentación de un proyecto de construcción de una planta de biomasa en Arnoia al amparo del Plan Leader II- donde Martínez era alcalde en ese momento- por un importe de 13 millones de pesetas (78.131,57 euros).

La Fiscalía pide la absolución

La edificación no llegó a levantarse, sino que se rehabilitó un galpón ya construido. La acusación considera que Martínez, que presidía la sociedad gestora de los fondos europeos, sabía que los promotores no cumplían los requisitos para acceder a las ayudas y no habían destinado los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. El expolítico niega fraude. La única acusación pide penas de prisión y multas. La Fiscalía, la absolución de todos. Se da por descontado que, en caso de condena, se aplicará la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.