El exconcejal Javier Rodríguez Nóvoa (PP) se quedó sin el puesto de jefe de Personal del Concello de Ourense por la anulación judicial de su concurso y, en abril, regresó a la Diputación, donde ejerce como jefe de sección de Planificación y Seguimiento de Inversiones. Ayer tuvo que comparecer en calidad de investigado, junto a otros cinco exediles del PP, para responder en la causa del 10%, que determina si hubo malversación por que el Ayuntamiento no hubiera exigido a determinado promotores ese porcentaje para fines públicos entre 1999 y 2003, un supuesto perjuicio para las arcas que el Consello de Contas cifró en 1,65 millones de euros. Nóvoa se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza Eva Armesto, pero se despachó ante la prensa. "No entiendo qué hago aquí. Estoy indignado y ya empiezo a estar cansado. No todo vale. Por que haya sido político o me dedique a la política no pueden estar todo el día zarandeándome y llamándome 3 días antes de las elecciones para que me hagáis esta entrevista. Mi sentimiento es de indignación, ya estoy hasta las narices. Siempre salgo exonerado pero tengo que pasar el viacrucis de pasar por aquí", afirmó. El exedil se declara "sorprendido de estar aquí 16 años después de un acuerdo de junta de gobierno, 12 años después de dejar el gobierno y 8 años después de dejar el ayuntamiento".

Los exconcejales niegan culpa, en una línea argumental que ya habían manifestado los primeros investigados, el exalcalde Manuel Cabezas (1995-2007) y el exedil de Urbanismo Ricardo Campo Labrador. Se basan en que no hubo informes negativos de los técnicos, ni irregularidades pero sí existía un acuerdo del pleno de 1994 -gobernaba el PSOE - que acordó no reclamar las cesiones, con el informe del secretario en ese sentido. Rodríguez Nóvoa añade que "el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resolvió en su día en una sentencia que todo lo que había hecho la junta de gobierno era correcto, en una demanda de un promotor que pedía no pagar el 10%".

"Tenemos claro que hemos cumplido siempre con nuestra obligación de aprobar los asuntos con las propuestas favorables, por lo que venimos totalmente tranquilos", dijo a los periodistas Enrique Nóvoa Poli, que era el concejal de Urbanismo cuando el 20 de noviembre de 2003 aprobó el proyecto de compensación del polígono urbanístico SU 38 ZONA 3-B, ubicado en la Avenida de Santiago, una de las actuaciones en las que no se exigió el 10%.

Un paseíllo judicial de exediles "a 3 días de las elecciones, cualquier puede decir que molesta. Pero la obligación de cualquier ciudadano es colaborar cuanto te cita la justicia", manifestó Poli.

José Luis Rodríguez Cid es otro de los exconcejales que ayer tuvo que comparecer con abogado. "É unha sorpresa que despois de saír do Concello no ano 2007 teña que vir en 2019 a facer unha declaración por un asunto dunha comisión de goberno do ano 2003, e por un acordo plenario de 1994. Aquí estamos como cidadáns responsable para colaborar na xustiza. Sempre entendemos que se actuaba coa legalidade por diante", afirmó. Criticó a Áurea Soto por denunciar en 2014 pese a que antes estuvo en la corporación y tenía acceso a los expedientes. La exedil socialista de Urbanismo, que sufrió reiteradas querellas en su etapa de gobierno, ejerce la acusación popular. Denunció hace 5 años para contraatacar a las continuas denuncias contra los ejecutivos bipartito y socialista.

"La decisión que se adoptó es la que indicaban los informes propuestos. No recuerdo que en los años que estuve en el gobierno se tomara ninguna decisión que no fuera avalada por los expedientes, por lo menos no conscientemente. Yo, si he cometido alguna irregularidad o un error, no ha sido conscientemente", dijo Rodríguez Nóvoa en su declaración a la prensa.

Varias defensas, como la del exedil Francisco Muñoz, anunciaban ayer su intención de registrar un escrito para solicitar el sobreseimiento por prescripción. Entienden que la hipotética responsabilidad habría prescrito en noviembre de 2018, 15 años después de la junta de gobierno discutida, el plazo de caducidad para una presunta malversación continuada. La jueza Armesto citó como investigados a los 6 exediles en un auto de marzo. Las notificaciones llegaron en abril. Además, la magistrada quiere interrogar el 9 de julio a otros dos exconcejales del PP de aquella época.

Nóvoa no declaró ante la jueza y Poli, Cid y Muñoz solo respondieron a las preguntas que la fiscal envió previamente por escrito, porque no pudo estar ayer en los interrogatorios ya que tenía un juicio en la Audiencia a la misma hora. Las exediles Belén Girón y Elena Rivo, representadas por el mismo letrado, respondieron a todo. Según las fuentes consultadas, defendieron que eran concejales de un ámbito ajeno al urbanismo, que no se leían los expedientes y seguían la exposición del concejal delegado con la indicación de que los informes eran favorables.

Las exconcejales expusieron que era imposible leer todos los expedientes, o tan siquiera todos los informes, porque cada comisión de gobierno podía tratar 90 puntos o más. Asimismo, recordaron que no estaban en la corporación cuando se produjo el acuerdo plenario de 1994 sobre la exención urbanística. Rivo se enteró cuando el interventor informó de la recepción, en 2004, del informe del Consello de Contas.