Desde el PP apuntan que el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción de Verín por un delito continuado de prevaricación al haber apreciado en un reciente auto indicios de criminalidad en la actuación del regidor que está citado como investigado para declarar ante el juez el próximo día 6 de junio, comparecencia a la que deberá asistir acompañado de abogado.

Explica el PP que la investigación, iniciada por el Ministerio Fiscal, se refiere a la presunta "contratación fraudulenta" de los servicios de su asesor y encargado de las campañas de publicidad y propaganda del Ayuntamiento, Luis Cid Congil, "estrechamente vinculado al partido socialista".

Según el Ministerio Fiscal, que "ha presentado abundante documentación reunida durante la investigación preliminar llevada a cabo en el último año", el alcalde tenía desde su toma de posesión como uno de sus objetivos contratar a Congil "por cualquier medio" y "beneficiarle directamente con retribuciones salariales". Y "siendo consciente de que era imposible su contratación legal como trabajador del ayuntamiento, el fiscal entiende probado que se concertó con Congil para que éste realizara facturaciones periódicas al Concello por supuestos servicios de asistencia técnica".

De esta manera, concluye el fiscal, "sin contrato ni expediente administrativo", Congil facturada servicios genéricos sin otra documentación que la propia factura, por importes idénticos o similares que evidencian su intención fraudulenta. Además de la irregularidad que ello supone, constitutiva de ilícito penal según el fiscal, las cantidades facturadas superan en global el límite previsto para los contratos menores (18.000 euros) por lo que era obligado que la contratación de estos servicios saliera a concurso.

Hasta la fecha de la interposición de la querella del fiscal, la cantidad total cobrada por dicho asesor del Concello de Verín asciende a 74.622 euros, y apunta el PP que todo ello se hizo a sabiendas de las continuadas advertencias de ilegalidad puestas de manifiesto por el Interventor en forma de reparos que sistemáticamente fueron levantados por el alcalde, según relata la querella. Están citados como testigos de la acusación pública la secretaria y el interventor municipal.

Para el PP se trata de una de las muchas ilegalidades cometidas por Seoane.