Fuera del orden del día, la junta de gobierno local abordó la convocatoria hoy de la mesa general de negociación para tratar la resolución de las alegaciones a la aprobación inicial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el equipo de gobierno el 25 de enero de 2018 y publicada en el BOP el 2 de marzo de ese año.
La edil de Recursos Humanos, Flora Moure, detalló ayer que se presentaron 84 escritos de alegaciones por parte de colegios profesionales, centrales sindicales, grupos políticos, asociaciones y funcionarios, algunos a título particular y otros como jefes de servicio. De las 84, fueron estimadas total o parcialmente 24.
El documento se lleva ahora a la mesa de negociación y después se remitirá nuevamente a fiscalización, para su posterior aprobación en junta de gobierno local y publicación en el BOP. Una vez culmine este proceso, previsiblemente antes de que finalice el mandato, quedará cerrado un expediente iniciado en 2016 para la adaptación a la Ley de función pública de Galicia de 2015. Moure destacó que mejorará la reorganización de los servicios, permitirá que se celebren los concursos de traslados e introduce las fichas de los 37 trabajadores que se incorporaron con sentencia.
La junta de gobierno local dio cuenta ayer de una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 que da la razón a la Diócesis de Ourense en un conflicto con el Concello derivado de la aprobación del proyecto de reparcelación del entorno de la iglesia de la Trinidad que implica a ocho propietarios, siendo el Obispado mayoritario. La agrupación de fincas en una de las zonas más degradadas del casco histórico, fue impulsada por el anterior gobierno socialista para desarrollar 2.446 metros cuadrados en los que se incluye la rehabilitación a título privado de viviendas y la urbanización de una plaza pública con una inversión que ronda el medio millón de euros.
El actual equipo de gobierno anunció que presentará recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, contra esta resolución que anula dicho proyecto e impone la tramitación de uno nuevo que solvente y determine las indemnizaciones que corresponden a la Iglesia por determinados "incumplimientos" del convenio que ambas partes suscribieron el 16 de septiembre de 1994.
La sentencia, con fecha del pasado 1 de febrero, rechaza varias de las cuestiones planteadas por la Diócesis pero, en lo referente a la conformidad del proyecto de reparcelación con el estudio de detalle y el contenido del convenio, sí considera que el Concello "vulneró" lo establecido en el artículo 115.3 de la ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, que señala que la reparcelación comprende también la determinación de las indemnizaciones o compensaciones necesarias.
En consecuencia, el juez rechaza que las cuestiones económicas se resuelvan a través de otro expediente, como pretendía el Concello. El propio alcalde Jesús Vázquez manifestó ayer que la Abogacía Consistorial mantiene que "el convenio urbanístico y el proyecto de reparcelación son instrumentos de planeamiento independientes", y en ello precisamente basarán el recurso de apelación anunciado.
En la vista, el Concello defendió que la actuación de la Administración fue correcta y que la propia Diócesis incumplió el convenio urbanístico "al llevar a cabo una edificación ilegal, abriendo luces y vistas a la finca colindante y vertiendo aguas hacia la misma sin autorización para ello", recoge la sentencia.
Entre los incumplimientos que el magistrado ordena solventar y fijar compensaciones figura la imposibilidad, como se pretendía, de instalar la cripta en el subsuelo de la plaza interior. La sentencia señala que el proyecto de parcelación "debió fijar la suma a abonar por tal previsión no consumada", del mismo modo que "por las mismas razones debió excluirse del cómputo la superficie de la cripta edificada bajo la rasante del atrio de la iglesia, debiendo computarse como suelo privado de uso público".
La resolución añade que el Concello también incumple la obligación asumida en el convenio de realizar la instalación y mantenimiento del mobiliario urbano y de los servicios de alumbrado, jardinería y limpieza de la plaza pública. Además, el proyecto omite la indemnización por la reducción de aprovechamiento de las plantas bajas derivada de la creación de nuevos accesos y disminución del fondo de edificación en los números 6 y 8 de la calle Pelayo, así como la calificación como equipamiento social y religioso de la casa parroquial que implicaría "aplicar un coeficiente reductor que la diferencia del uso residencial".
Además, el Concello ha sido emplazado a comparecer ante el Contencioso-Administrativo 1 en relación con la solicitud presentada por los propietarios de dos edificios en As Caldas, 23 y Basilio Álvarez, 4, que piden la expropiación forzosa de los terrenos en los que se encuentran, cuestión con la que el gobierno local discrepa.
Entre los 23 asuntos tratados, la junta de gobierno aprobó también una convocatoria de ayudas para locales de asociaciones de personas mayores, con una partida de 27.000 euros.
