La magistrada Victoria Candamo, del Primera Instancia e Instrucción 2 de O Carballiño, no ve una vulneración "grosera" pero considera que debe ser el órgano enjuiciador el que decida si 60 contrataciones realizadas entre 1999 y 2011 por dos exalcaldes de O Carballiño, Manuel "Pachi" Vázquez -excandidato a la Xunta y ex secretario xeral del PSdeG, de baja desde diciembre por discrepancias con las direcciones gallega y estatal-, Carlos Montes, así como por los exconcejales Elisa D., Alfonso P. y José Antonio B. pudieron ser irregulares. La autoridad ordena que la causa siga contra los cinco por presunta prevaricación continuada. La jueza exime a Montes de falsedad documental y fija la personación del Concello de O Carballiño como responsable civil subsidiario. Los investigados se enfrentan a una posible petición de 10 años de inhabilitación.
La instructora ve indicios de que los investigados, en el ejercicio de sus cargos, suscribieron en sus respectivos periodos de mandato "un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencia municipal", en concreto, con relación a 60 trabajadores. Esos contratos temporales, que finalmente devinieron en indefinidos, se hicieron presuntamente "sin atender a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública".
Los investigados, a criterio de la magistrada, conocían "las advertencias y reparos de legalidad realizados en ocasiones por la interventora y el secretario", según señala la instructora, quien también destaca que "en ningún caso pidieron informes sobre la legalidad de las contrataciones que efectuaban". La magistrada, además, afirma que, a pesar de las búsquedas de documentación, tanto a requerimiento del Tribunal Superior como del juzgado, no han podido hallarse los expedientes "de la inmensa mayoría de los contratos".
Indicios a favor y en contra
Sin embargo, la jueza admite que también existen indicios que respaldarían algunos de los argumentos de las defensas, quienes alegan que hasta el año 2007 no había regulación específica de los procedimientos de selección de personal laboral temporal al servicio de la administración local. Además, aseguran que existieron procedimientos de selección de los trabajadores, si bien los expedientes se hallarían "dispersos" en diversas dependencias municipales.
"En el presente caso obran indicios de diversa índole, la mayoría de ellos respaldando la versión sostenida por el Ministerio Fiscal en sus querellas y otros respaldando, al menos parcialmente, las versiones de las defensas", destaca la magistrada, quien recuerda que corresponde al órgano de enjuiciamiento "valorar la mayor o menor trascendencia de aquellos indicios de cara a integrar los requisitos jurisprudenciales del delito de prevaricación".
La jueza da traslado a la Fiscalía para que formule escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. El auto no es firme: cabe recurso ante el juzgado y la Audiencia Provincial.
Tras la baja de Manuel Pachi Vázquez y la destitución de Francisco Fraga como portavoz del PSdeG en la Diputación, los afines alineados en el Espazo Común Socialista amenazan con presentar listas independientes en varios municipios, incluida la ciudad. Desde el entorno del exsecretario xeral del PSdeG se critica la excesiva dilación de esta causa, "como si fuera la Gürtel", y la coincidencia de las fases del proceso con los tiempos políticos. "El pleito fue coetáneo con todos los movimientos políticos que Pachi Vázquez ha dado en los últimos años".
