El Tribunal Supremo tenía previsto reunir ayer al pleno de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, para revisar la desprotección de Isabel Fuentes, asesinada por su marido en el hospital de Ourense el 8 de mayo de 2015, sin que la jueza de entonces indicios para poner el foco sobre el marido, Aniceto Rodríguez -fallecido en la prisión de A Lama el 21 de septiembre-, pincharle el teléfono ni restringir sus visitas al centro médico, pese a que la Guardia Civil -que tampoco lo detuvo- expuso por escrito que era un "peligro" y el principal sospechoso del ataque previo que había ocurrido un mes antes del crimen en el domicilio conyugal de Verín, un intento de asesinato a martillazos que trató de disfrazar como un atraco de unos asaltantes. La reunión del pleno del Supremo no se produjo ayer finalmente porque falta la versión por escrito de la magistrada, Cristina Fernández Viforcos.
El alto tribunal comunicó la suspensión de la reunión para recabar, en primer lugar, las alegaciones de la jueza. La autoridad ya se había expresado en las diligencias informativas de un expediente archivado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Alegó que no le habían expresado la situación de peligro que suponía el marido, ni que el primer ataque se tratara de un intento de asesinato en lugar de un robo. En el auto de contestación a las peticiones de la Policía Judicial tras el primer ataque en el domicilio, la juez rebajó las sospechas de los guardias a "conjeturas".
La familia de la víctima del asesinato machista de 2015 lamenta que sufrió "un doble crimen". Representados por la letrada Beatriz Seijo, los allegados quieren que el Supremo ordene seguir investigando para que se cuente, por ejemplo, con el testimonio de la Policía Judicial, que el CGPJ no vio necesario. Según el órgano de los jueces, que desestimó tanto la primera denuncia como el recurso, Viforcos "resolvió de forma razonada y motivada", adoptando "todas las resoluciones que procedían" y obrando "con arreglo a la ley".
Reclaman una sanción
La abogada de la familia instaba la apertura de un expediente disciplinario y la aplicación de una sanción, al sostener que el crimen pudo evitarse si el sistema hubiera funcionado. En su opinión, al tratarse de un posible caso de violencia de género, la juez tendría que haber convocado una comparencia para decidir sobre el sospechoso. Según la letrada, cuando la Policía Judicial consiguió entregar el atestado en el que apuntaban a Aniceto Rodríguez como sospechoso, la juez supuestamente solo informó a la Fiscalía por teléfono, sin llegar a remitir supuestamente una copia física del atestado.
Fernández Viforcos era la juez de Instrucción Número 1 de Verín, el juzgado competente en delitos de violencia machista del partido judicial, y en el que recayó la investigación del falso robo que en realidad había sido un intento de asesinato. En abril de 2016, cuando el caso continuaba todavía en la fase de instrucción, la magistrada cambió de destino. Ahora deberá explicar de nuevo cuál fue su labor.
