El Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Ourense dicta nuevo Auto, dando orden al Concello de Verín de ejecutar forzosamente la sentencia del 31 de enero que estimó el recurso de la Confederación Intersindical Galega, CIG, por no llevar a aprobación plenaria los acuerdos de la mesa general de negociación del 6 de julio de 2016, relativos a las bases para la negociación de la futura RPT municipal.
Este juzgado confiere al Concello de Verín un plazo improrrogable de 1 mes para dar cumplimiento a la sentencia, apercibiéndolo de que podrá adoptar las medidas precisas para su ejecutividad, entre otras, la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.500 euros día a las autoridades, funcionarios o agentes que sean los responsables de no darle cumplimiento, sin perjuicio de otras responsabilidad patrimoniales que se pudiesen deducir.
Desde la CIG apuntan que muy probablemente el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, tras la publicación de este fallo ofrezca su "respuesta preferida, dirigida a eludir responsabilidades en este tipo de asuntos", diciendo "ya estamos trabajando para solucionar el asunto" o "se trata de un asunto sin importancia que vamos solucionar en breve".
Apunta el sindicato que de seguir este camino, la resistencia a dar cumplimiento a las órdenes de los juzgados, la CIG evaluará la presentación de las correspondientes denuncias, en el orden penal, para que se substancien las responsabilidades de estas resistencias, "por si pudieran constituir delitos de desobediencia o prevaricación administrativa".
Destaca que ya existe otra sentencia, del 20 de septiembre, la primera orden de un juzgado apercibiendo al Concello con multas coercitivas y mismo con deducir testimonio de particulares, por incumplir la sentencia del TSXG del 7 de marzo de 2017 sobre la Ley de Coordinación de la Policía Local.
