La morosidad en el concello se ha convertido en una constante en lo que va de año, y que se plasma en el incumplimiento del periodo de pago a proveedores, que en lo que se refiere al pasado mes de abril se situó en 59,47 días. Así lo refleja el informe de la Tesorería Municipal, en el que se señala que "se está incumpliendo" el plazo previsto en la ley, que establece como periodo máximo de pago de facturas los 30 días.

Un informe, al que tuvo acceso FARO, que no hace más que confirmar esa tendencia al alza en lo que a la morosidad se refiere, toda vez que desde enero, en el que el periodo medio de pago a proveedores se fue a los 40,82 días, se fue incrementando, y así en febrero pasó a ser 47,74, y marzo de 54,78. Pero en abril se disparó hasta los 30 puntos por encima de lo que dicta la ley que establece las medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, y con las que no cumple el concello.

Otro dato relevante es el que se refiere a las operaciones que están pendientes pagos a los proveedores que supera los 7,9 millones de euros, cuantía económica que se incrementa hasta los 8,7 millones de euros si se le añade el IVA y el correspondiente IRPF. En el mencionado informe, y en lo que se refiere al requerimiento de facturas sin tramitar en abril, la cifra es de 713, y afecta a la práctica totalidad de las áreas municipales, aunque destacan las 127 de Infraestructuras, las 104 de Cultura o las 81 de Servicios Generales.

En cuanto a las de mayor cuantía económica, destacan las de la concesionaria del servicio de Limpieza, Ecourense, por un importe de algo más de 1,3 millones de euros, junto con la limpieza de centros educativos municipales, de 144.939 euros, los 55.210 euros a la empresa de mantenimiento y mejora de zonas verdes, así como los 31.671 euros en concepto de alquiler de la planta ubicada en el antiguo edificio del Banco de España -la sala Valente-, en este caso, a la Sociedad Estatal de Gestión inmobiliaria de Patrimonio S.A.

Y a esto se le suman las facturas sin tramitar en el primer trimestre de 2018, ya que según el informe emitido por la tesorera se acumulan 417 por un importe económico total que supera los 6,8 millones de euros, incluido el IVA, dejando patente que fueron anotadas pero no se efectuó el reconocimiento de obligación por parte de los órganos competentes pasados los primeros tres meses del presente ejercicio.

Una situación por la que pretendían preguntar los grupos de la oposición en la junta de área de Hacienda, pero cual fue sus sorpresa que a la misma no acudió la titular de la concejalía y presidenta, Ana Fernández Morenza, aunque sí el edil de Servicios Generales y promoción Económica, Jorge Pumar.

La última justificación dada por Morenza a este incremento en la morosidad, fue la de "problemas informáticos", tanto en lo que se refiere al pago a proveedores como las facturas que se encuentran sin tramitar, y que llevará consigo que se siga incumpliendo el periodo de plazo establecido para el pago -los 30 días- en el futuro. Sobre lo que también alertan desde la oposición es al informe del segundo trimestre del año, que pueden revelar un mayor número de facturas que no entraron en el proceso de tramitación. Cuestiones sobre las que piden explicaciones a la concejala de Hacienda.