El alcalde de Xinzo de Limia desde 2010, Antonio Pérez Rodríguez, ha sido condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público por prevaricación administrativa continuada. El delito está vinculado a la contratación entre 2012 y 2013 de cuatro trabajadores del ayuntamiento que accedieron al empleo por designación directa, sin pasar por un proceso selectivo. La resolución judicial, que podrá ser recurrida, llega casi cinco meses después de la vista, que se celebró la primera semana de octubre y se prolongó durante cinco jornadas.
La magistrada del Juzgado de lo Penal 1 ha dictado sentencia en contra del regidor, que causó baja del PP en diciembre de 2016 cuando se abrió juicio oral contra él, pero impone una pena inferior a la solicitada por la Fiscalía y la acusación popular en representación de la CIG, que pidieron 10 años de inhabilitación por lo que tacharon de "enchufismo". La propia fiscal solicitó la aplicación de la pena en su grado máximo con la finalidad de lograr un fallo ejemplarizante que "acabe con la idea de que los alcaldes pueden contratar a quien les viene en gana".
La causa contra Antonio Pérez se abrió a finales de 2013 tras varias condenas de los dos jueces de lo Contencioso Administrativo de Ourense, que apreciaron desviación de poder en varias contrataciones de eventuales que fueron sumando altas encadenadas, con el riesgo de convertir a temporales en indefinidos sin las debidas pruebas selectivas.
En concreto, la acusación se centra en la contratación por decreto del alcalde, para relaciones temporales, a dos peones de la limpieza, una limpiadora y una auxiliar administrativa. En otras ocasiones, el contrato se realizaba por designación directa del alcalde, sin proceso previo de selección.
Así lo defendieron las acusaciones durante la vista, pero en su declaración ante el tribunal, Antonio Pérez eludió cualquier responsabilidad y afirmó que firmaba los expedientes de contratación que le pasaba el por aquellas fechas secretario en "confianza plena" de que la documentación que le llegaba estaba en regla. "Me limitaba a preguntarle antes si había alguna anomalía", aseguró.
No obstante, tanto el funcionario, como su entonces adjunta y la exinterventora testificaron en contra del argumento del regidor, alegando que le advirtieron de manera oral y por escrito de que los contratos eran fraudulentos.
La acusación lo llevó ante el tribunal porque dichas contrataciones, sin dar opción a otros ciudadanos a optar a ese puesto, no garantizaron los principios constitucionales de mérito y publicidad exigidos en el acceso al empleo público.
