Pero no es el único frente que tiene abierto el organismo provincial, ya que también recurría la sentencia del magistrado del Contencioso-Administrativo 1 de Ourense, Francisco de Cominges, en la que observa "un vicio o defecto formal" en el procedimiento administrativo de privatización de los parques comarcales de bomberos por parte del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento, un ente en el que están representados la Xunta y la Diputación.

El magistrado, aunque no llega a anular la externalización, que asciende a 17,5 millones de euros, sugiere una posible revisión de oficio por parte de los demandantes, la CIG, a quien da la razón en parte al fallar que el ente vulneró la negociación colectiva al establecer que la empresa adjudicataria debía subrogar a todo el personal y equiparar su salario con el parque con las mejores condiciones económicas antes de la fusión, que era el de Verín.

La Diputación recurrió la sentencia ante la sala contenciosa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y según manifestó ayer el presidente del consorcio, Pablo Pérez, "esperamos que sea favorable", esgrimiendo que en su momento se elaboró un nuevo pliego para garantizar que todos los trabajadores de las empresas que forman parte, no hubiese diferencias salariales. Por su parte, la CIG, cree que se ha producido una cesión ilegal de trabajadores.