El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense acordó ayer de madrugada la puesta en libertad bajo fianza de 60.000 euros e importantes medidas cautelares de los dos hermanos agentes de la Policía Nacional detenidos en relación con siete delitos, entre ellos el supuesto homicidio del compañero Celso Blanco, cuyo fallecimiento en su despacho de la comisaría provincial en abril de 2016 se investigó como un suicidio.

Según el letrado que representa a la familia del fallecido y que ha tenido acceso a las actuaciones tras el alzamiento del secreto de sumario el domingo por la tarde, los datos descartan de forma "prácticamente incuestionable" la versión inicial del disparo autoinfligido. Tanto la trayectoria de la bala como la posición del cuerpo serían incompatibles, afirma el abogado Arturo Mosquera, con el suicidio.

De lo actuado en la causa, la juez instructora Eva Armesto entiende que existen indicios de la comisión "de forma conjunta y planificada", entre mayo de 2014 y abril de 2016, de diversos delitos. En concreto, robo con fuerza en las cosas, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito del artículo 457 del Código Penal, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias. Asimismo, investiga a ambos por el presunto homicidio del compañero Celso Blanco en la comisaría de Ourense.

Para acordar la detención de los investigados, la titular del Juzgado de Instrucción 3 tuvo en cuenta las inspecciones oculares practicadas, informes periciales de balística, del Instituto de Toxicología y de ADN, entre otros; además de las declaraciones testificales tomadas en la causa, fotografías, relación de llamadas y comunicaciones, así como documentación bancaria. Desde el arresto, se ha procedido al registro de varias viviendas relacionadas con los sospechosos, ubicadas en Toén, Ávila, Coslada y Ribeira, entre otras diligencias de investigación.

El agente apareció muerto de un disparo en la sien con una de las seis armas robadas del búnker de la Policía Nacional tras redactar mensajes y correos autoinculpatorios tanto de la sustracción de las pistolas (tres aparecieron en su despacho) como de los anónimos que desataron la peor crisis en esta comisaría. Dichas cartas enviadas a Asuntos Internos y a medios de comunicación derivaron en 2015 en la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas con cuatro policías investigados. La causa por el robo de armas está en el Juzgado de Instrucción 1, a la espera de que el magistrado titular, Leonardo Álvarez, resuelva la petición de la juez Eva Armesto de que se inhiba a su favor.

Tanto el Ministerio Fiscal como las dos acusaciones particulares personadas solicitaron el ingreso en prisión de los gemelos Bernardo y Roi D.L., ambos quedaron libres a la espera de reunir los 60.000 euros que la juez ha impuesto como fianza y que deberá ser abonada en el plazo de cinco días. La magistrada también ha ordenado que se les retire el pasaporte y les obliga a comparecer todos los días ante el juzgado más próximo a su domicilio, además de prohibir su salida del territorio nacional.

La magistrada entiende que no está justificado acordar el ingreso en prisión de los detenidos debido a su "arraigo familiar y patrimonial" y al hecho de que "no concurre peligro concreto para la alteración, ocultación o destrucción de fuentes de prueba relevantes". Con todo, ha mantenido una pequeña parte del sumario de 11 tomos como secreta.

Además, indica el auto de libertad que tampoco cabe la posibilidad de actuar "contra bienes jurídicos de la víctima" y que no concurre "elemento alguno que permita inferir que los investigados vayan a cometer otros hechos delictivos". El letrado de la acusación que representa a la familia de la víctima ha considerado "suficientes" las medidas de seguridad dictadas, por lo que no recurrirá el auto, al igual que tampoco lo hará la Fiscalía, que entiende que la decisión se ajusta a Derecho.

Con todo, el alzamiento parcial del secreto de las actuaciones ha dejado al descubierto detalles sobre la muerte del agente Celso Blanco, cuya investigación ahora como un presunto homicidio ha avivado una crisis que se desató en 2014 a raíz de varios anónimos sobre supuesta mafia policial y tráfico de armas en la comisaría ourensana.

A la espera de analizar los casi 4.000 folios del sumario, una de las pruebas clave que habrían determinado la detención e imputación de los hermanos Bernardo y Roi D.L. es un informe de la policía científica de Madrid "riguroso" y "muy exhaustivo", según fuentes próximas, que pondría en duda el suicidio. La forma en la que se realizó el disparo, la trayectoria de la bala y la posición del cuerpo hablarían de un escenario supuestamente "manipulado" para que pareciese un suicidio, según una de las partes personadas.

El letrado que representa a la familia de Celso Blanco sostiene que los indicios revelan "casi al 100%" que el agente "no se suicidó", una novedad que vendría a constatar, afirma, lo que la familia de la víctima mantuvo desde el principio: "Por lo que conocían y lo que ocurrió aquel día sabían que Celso no se había suicidado, desde un punto de vista personal no les encajaba porque ese mismo día había salido de casa para comprar marisco para comer al día siguiente", señala el letrado.

Fuentes próximas con acceso a las actuaciones se refieren, entre otras cuestiones, a detalles como que el disparo se habría realizado a una distancia de entre seis y ocho centímetros de la sien, cuando en un suicidio el arma se apoyaría en la cabeza. También es dudosa la trayectoria de la bala, que va de arriba a abajo, al revés de lo que ocurriría en un disparo autoinfligido. La rigidez de la cabeza, la posición del cuerpo en el suelo, posado y no caído, o la existencia de sangre en la mano que empuñó el arma pondrían también en duda el supuesto suicidio.

Bernardo D.L., que fue responsable del área de prensa, está actualmente jubilado por incapacidad permanente por pérdida de condiciones psicofísicas. Su hermano Roi D.L. es instructor de tiro en la Academia de Policía de Ávila y ha sido suspendido temporalmente de empleo y sueldo.

Personación del SUP

Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía, SUP, ha reiterado su intención de personarse como acusación particular por la utilización de su red wifi en el envío de los anónimos a los medios de comunicación y para tratar de resarcir el daño realizado a la institución de la Policía Nacional.

Tras ser interrogados los acusados el pasado domingo, se realizó una inspección ocular en la comisaría, donde las partes interesaron la toma de muestras de restos de sangre halladas en una funda en el maletero de uno de los vehículos registrados. Ambos arrestados alegaron que se trataba de un mono utilizado en la matanza por lo que las acusaciones pidieron que, con carácter urgente, se analicen las muestras en laboratorio. El letrado que representa a la familia de Celso Blanco, Arturo Mosquera, indicó que será necesario determinar si la sangre es de origen animal o humano, y en este último caso, verificar si el ADN corresponde a la víctima. Tras un primer acceso a las actuaciones, este letrado sostiene que "hay muchas cosas que, puestas en relación, descartan casi al 100% la muerte por suicidio y ponen en juego a una tercera persona que hay que determinar quién es". Añade que esta revelación, "dentro del sufrimiento que comporta para la familia, es también un alivio para ellos porque siempre han creído que Celso no se suicidó".

Por su parte, el letrado de la defensa considera que la explicación dada por sus clientes a la existencia de sangre en una prenda es "lógica y razonable" y pide que se proceda a su análisis en laboratorio con la "mayor urgencia". El abogado afirma también que los dos detenidos tienen intención de explicar los hechos y que esto se producirá cuando hayan analizado el sumario y los supuestos actos que les incriminarían.