Entre 12.000 y 15.000 ourensanos se beneficiarán de la jurisprudencia europea que declara la nulidad, por abusivas, de las cláusulas suelo, obligando a restituir la cantidad cobrada de más por la entidad desde la firma del contrato (retroactividad total), y no solo desde mayo de 2013, como había dispuesto el Tribunal Supremo. El importe global se sitúa en unos 80 millones de euros solo en la provincia, lo que da la medida del aluvión de revisiones en los bancos -las entidades buscan nuevas estrategias para compensar esos fondos, como la venta de seguros u otros productos- y de posibles demandas judiciales que se han producido ya o se avecinan. Solo en un despacho de la ciudad consultado se están preparando unas 70 más tras haber registrado alguna. Varios juzgados y la propia Audiencia Provincial han dictado en las últimas semanas las primeras sentencias sobre la materia, siempre a favor de los usuarios, aplicando el criterio de la histórica resolución de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Supremo dictó esta semana su primer fallo acatándola.

Entre los posibles beneficiarios se incluyen incluso aquellos que ya han terminado de pagar la letra, con el requisito de que su caso se encuentre dentro del plazo de prescripción (la mayoría son de 2008 y 2009). También se han producido consultas en los despachos letrados sobre la reclamación de los gastos notariales de constitución de la hipoteca. Preocupados por que una avalancha de escritos colapse los juzgados, los magistrados de lo civil de Ourense se reunieron el martes de esta semana para acordar, por unanimidad, la petición de un juzgado temporal y exclusivo que se haga cargo de todas estas demandas. El acta de la reunión ha sido remitida al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Es una petición secundada en todas las juntas de jueces de España. Este periódico informó anteayer de la de Vigo.

Se trataría, según explica el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, de disponer una sede adicional operada por un Juez de Adscripción Territorial -el JAT está actualmente asignado a reforzar los penales por decisión del presidente del TSXG-, así como "2 o 3 funcionarios" en la oficina, es decir, la mitad que en el resto de sedes. El juzgado tendría una duración limitada, hasta que pase el aluvión, y un ámbito de competencia en toda la provincia, como sucede por ejemplo en materia de Mercantil, derechos intelectuales o en viajes con el Primera Instancia 4.

El martes se celebra en Madrid una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la que están convocados 22 jueces decanos (de Galicia solo los de A Coruña y Vigo) En medios judiciales se da por hecho que el ministerio tratará de sortear el aluvión de casos de los próximos meses asignando la materia de las cláusulas suelo a uno de los tribunales ya existentes de Primera Instancia, especializándolo temporalmente y con la posibilidad de asignar un juez de apoyo. La judicatura de As Burgas se opone a esa solución porque quiere un órgano a mayores que libere al resto de civil del goteo de demandas que se prevé.

Si entra en funcionamiento sería el primer órgano de refuerzo en Ourense. En las crisis de las participaciones preferentes no fue necesaria una sede exclusiva, que sí entró en marcha en A Coruña y Vigo.

Mientras se proponen nuevas demandas, se sigue a la espera de las ya conquistadas. Pasan las semanas y aún no hay fecha para la puesta en marcha del nuevo juzgado de lo civil, el séptimo de primera instancia, cuya entrada en servicio tendría efectos de descongestión para otros dos: los de Primera Instancia 4 y 6 podrían ser, de facto, tribunales exclusivos de Mercantil y Familia, respectivamente.

A principios de mes, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se reunió en Madrid con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y especificó que "en este primer trimestre" tendrán ya a su disposición "un calendario de implementación" de las nuevas sedes creadas en Galicia, sin especificar cuándo operarán.