Pero más allá de las disputas partidarias, y en clave de dar respuesta a los propietarios de las viviendas, la previsión es que estamos ante un proceso que puede ser "largo y muy costoso", ya que se tendrá que notificar a cada uno de los titulares de los pisos y a las entidades bancarias con las que tiene el préstamo la resolución de derribo.
Por lo de pronto, el mensaje que se trasladó ayer desde el gobierno municipal es que "lo que legalmente se pueda hacer para solucionar esta situación, que pasa por evitar el derribo, lo haremos". Y advertir que "la voluntad de cada grupo político se verá en el momento de adoptar decisiones".
Y aunque no hay un pronunciamiento concreto por parte de los representantes de los propietarios, todo hace indicar que se procederá a la presentación de las alegaciones contra el derribo, así como un posible recurso de inejecución de sentencia. Una cuestión que desde el Concello se reconoce que también se estudia.
Con todo el proceso en marcha, especialistas en la materia señalan a FARO que plantear un incidente de inejecución debe pasar por "una justificación urbanística", que va más allá de la legalización de los tres inmuebles afectados, ya que eso supondría un "fraude de ley". Sobre su inclusión en el nuevo planeamiento, entienden que deberá afectar a una ordenación de toda la zona, no solo a esos tres bloques.
