El Concello de Ourense, la concesionaria de la residencia universitaria As Burgas y la junta de compensación de la zona 4 del SU-25 de As Lagoas trabajan a contrarreloj para que la dotación, con 200 plazas de alojamiento, pueda reabrir este curso académico. En todo caso, será tarde para decenas de estudiantes que han firmado ya el contrato de alquiler en pisos de la ciudad ante la falta de garantías de que la residencia pudiese finalmente reabrir en septiembre.

La instalación, inaugurada en 2001, fue precintada y clausurada en 2014 previa confirmación por parte del TSXG de la nulidad de la licencia que autorizó la ocupación del edificio sin que se hubiesen ejecutado las obras de urbanización. De hecho, la residencia funcionó de forma irregular hasta que el gobierno socialista le concedió la licencia de apertura en 2013, sin que se ejecutasen las obras obligatorias. Esta decisión le valió a la exedil socialista Áurea Soto una imputación por prevaricación que sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense. La vía judicial abierta y la propia complejidad del proceso de legalización ha llevado a las partes a actuar con la más estricta rigurosidad.

El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, avanzó ayer que los trámites han llegado a la recta final y que el Concello podría conceder la esperada licencia de apertura "casi con el inicio del curso". Asegura que las tres partes están actuando con "total rapidez para que se abra lo antes posible". La fecha oficial de apertura es el jueves 1 de septiembre, si bien las clases no comenzarán con normalidad hasta la semana siguiente.

Desde la junta de compensación coinciden con esta previsión y ven viable que la residencia reabra coincidiendo con el comienzo del nuevo año académico. El abogado de los promotores de la urbanización y representante también de Casas Ourense en el proceso contra Soto, Antonio Feijóo, señaló ayer que la documentación está completa y sólo falta la certificación de Gas Natural Fenosa respecto a unas obras de última hora para la reparación de un tubo que estaba roto. Esta avería, admite el letrado, "ha demorado todo un poco más un proceso que es muy complicado y en el que ya vamos justos de tiempo, pero estamos en condiciones de entregar la obra en los próximos días", explica. Una vez se produzca este trámite, el gobierno local tendría que recepcionar las obras, previa inspección de los técnicos municipales y la confirmación de que todo está en regla. "Si se detecta algo será cuestión de meras subsanaciones", señala Feijóo. El abogado, que defiende los intereses particulares en numerosos conflictos urbanísticos con el Concello de Ourense, admite que en este proceso "no todo depende de nosotros y me consta que se han hecho múltiples gestiones para que la residencia pueda abrirse este curso; el alcalde está dando muestra de que se ha tomado este asunto como una prioridad absoluta".

Precisamente ayer la junta de gobierno aprobó a instancias de la junta de compensación el anexo al proyecto de urbanización de la zona 4 del SU-25 y la división en fases de las obras de urbanización del polígono, así como una prórroga para la ejecución de estos trabajos. Esto le da más seguridad a la ejecución de los trabajos de urbanización de todo el polígono", precisa el alcalde.

Paralelamente, la junta de compensación exige el ingreso del aval de 162.874 euros entregado en su momento por la adjudicataria Siresa al Concello como compromiso de ejecución de las obras de urbanización. Feijóo Miranda recuerda que los trabajos los ha llevado a cabo la junta de compensación y que por lo tanto, ese aval les corresponde. "Siresa se ha comprometido a entregar ese dinero a la junta de compensación, pero nos falta la constatación definitiva", señala.