El relato que la fiscal hace en su acusación recoge el periplo de esta mujer que llegó a España el 8 de enero de 2008 con el propósito de trabajar en un club "como bailarina y alternando (tomando copas) con los clientes, pero sin ejercer la prostitución". Las dos personas con las que contactó y gestionó este viaje no han sido identificadas pero fruto de esta relación, la testigo protegida generó una deuda de 2.500 euros (más 700 que se le entregaron para poder entrar en España), por lo que, afirma la fiscal, "su familia tuvo que hipotecar su casa como aval de la devolución del dinero".

Su primer destino fue Murcia, donde estuvo 15 días "en malas condiciones" y pidió a su contacto que la sacara de allí. El acusado N.M.C.R. era el "colaborador en España para el traslado de mujeres con fines de explotación sexual", y fue el que se desplazó a Murcia, siempre según la acusación, a buscar a la víctima. El imputado "le retiró el pasaporte y le anunció que la deuda se ampliaba a 4.000 euros".

La fiscal incide en la situación de desamparo a la que derivó la mujer, "sin dinero ni familiares o amigos que le pudieran prestar ayuda", por lo que se vio inducida a desempeñar la prostitución con el propósito de devolver la deuda que había generado con su viaje a España.

"Para conseguir doblegar su voluntad", dado que se negaba a ejercer la prostitución, N.M.C.R., "la encerró durante dos días, proporcionándole solo agua pero no alimentos, y también la amenazó con ejecutar la propiedad de su madre en Paraguay".