Las cincuenta personas, entre ex trabajadores y simpatizantes, que continúan encerrados en las instalaciones de T-Solar seguirán ocupando el exterior de la fábrica "hasta que las partes consideren las ofertas que sabemos que existen y que mantendrían los puestos de trabajo", tal y como relató la diputada nacionalista Tareixa Paz. Y es que ella es además una de las demandadas por la dirección de la fotovoltaica junto a otras 19 personas, entre las que se incluyen dos sindicalistas.
Una denuncia en la que se alega "intromisión ilegítima de manera sorpresiva y violenta". Violencia que los ex empleados de T-Solar niegan con rotundidad: "Entramos con el consentimiento del vigilante e, incluso, la propia gerencia nos habilitó una zona para que estuviésemos un tiempo prudencial", apuntó un trabajador. Es por eso que se han visto "sorprendidos" por una citación judicial que entró en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense en el mes de agosto, inhábil judicialmente salvo causa urgente. Alegan además que "no hemos mantenido contacto alguno con la empresa, así que parece que el único camino que conocen es el judicial".
La dirección de T-Solar, que presentó la denuncia con la connivencia de los administradores concursales Luis Pérez y Carmen Díaz, solicita el desalojo inmediato para que se puedan llevar a cabo el desmantelamiento de la fábrica de gases y el pago de las costas, que ascienden a 18.000 euros, por parte de los demandados. La empresa, por su parte, alega en la demanda que se hace por motivos de seguridad ante un posible "riesgo de explosión", aunque su representante legal no ha querido hacer más declaraciones que las que se desprenden del contenido de la citación.
Es precisamente el desmantelamiento de la planta de gases lo que quieren evitar los empleados con el cierre, ya que en el caso de que se produzca sería muy difícil que apareciese un comprador que garantizase los puestos de trabajo. "Se tardarían meses en volver a poner en funcionamiento la planta y ese gasto no están dispuestos a asumirlos los compradores", dijo en su día el portavoz de la CUT. Por ello, instan a la Xunta de Galicia a que tome parte en el asunto para garantizar los 170 puestos de trabajo.
Fue el ente autonómico el que inyectó, junto con Diputación, Gobierno y Cajas de ahorros, 65 millones de euros en la fotovoltaica, que no aparecen por ningún lado y aumenta la crispación de los ex trabajadores: "No somos nosotros los que tenemos que estar en el Juzgado, sino ellos que están hartos de robar", aducía uno de los empleados, que se mostraba también sorprendido con el curso de los acontecimientos porque "no entendemos que Isolux Corsán haya aumentado sus acciones de un 60% a un 88%, comprándole 4 millones de euros a Novagalicia Banco para luego echarnos a todos a la calle". Además, tal y como afirman los propios trabajadores, T-Solar habría invertido unos 500.000 euros en automatizar una línea de trabajo pocas semanas antes del ERE. "Gastan esas barbaridades para quedarse con las subvenciones ".
Una empresa que además ha adjudicado un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Sudáfrica con una potencia de 60 megavatios: "No es que no haya trabajo con las renovables, es que prefieren deslocalizar", denunciaron.
Los trabajadores tacharon la denuncia de "persecución judicial" a la vez que afirmaban su intención "de seguir luchando para que no veamos como desmantelan el tejido productivo de la provincia".
