Las declaraciones que ayer realizaron al juez dos de las funcionarias a las que la concejala de Benestar Social de Ourense, Marga Martín, aludió genéricamente para defender el buen funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio por cuya gestión está imputada, la señalan precisamente a ella. Las dos trabajadores municipales, también imputadas, aseguran que la teniente de alcalde socialista era la que decidía y dio las órdenes expresas de abonar las facturas presuntamente delictivas que van más allá, según documentos en poder del juzgado y declaraciones, de las dos hojas de regularización de año 2008, supuestamente falsas y por importe de 236.000 euros, que Democracia Ourensana (DO) denunció a la justicia dando inicio a esta causa. Marga Martín, quien rehusó dimitir tras ser imputada, será interrogada por el juez el próximo miércoles con la que era jefa de negociado.
C.F.D., actualmente en el área de Personal de la no electa Carmen Dacosta, ejercía como técnico de administración general controlando que las hojas de pago se correspondieran con el servicio efectivamente prestado por la UTE Troncoso-Saludgest Servicios Sociosanitarios, la entonces adjudicataria cuyo gerente único, Alberto López repite cargo en la actual. El juez lo ha citado a declarar con abogado el próximo 10 de abril. En un comunicado de su gabinete defendió ayer la "legalidad absoluta" del servicio y calificó como "absolutamente falso" que exista una doble facturación.
La funcionaria, la primera en ser interrogada ayer, -solo admitió preguntas del juez y su letrado- señaló al magistrado facturas "que no eran reales" con desfases de miles de euros respecto a la liquidación correcta. En la liquidación de julio de 2010 detectó una diferencia de unos 25.000 euros que hizo saber a la concejala y que consideró preciso rehacer. En agosto, según calcula, el desfase fue de unos 7.000. La imputada dijo ayer que en julio le presentaron una factura de 176.000 euros, por lo que habló con el gerente de la UTE, Alberto López, para "que hicieran otra", de 152.000 euros, que la funcionaria dijo haber firmado.
Pero en el expediente recabado por el juez instructor Antonio Piña -el magistrado tuvo que mandar a la Policía a dependencias del Concello varias veces para recabar documentación-no está firmada por ella. En concreto, asegura que aparece su rúbrica pero "la letra no es mía", aseveró. En una fase anterior de esta causa, una extrabajadora de la UTE aseguró la existencia de una doble facturación y apartes de 9.000 euros. Una empleada confirmó como testigo ante el juez que las facturas de pago se entregaban en sobre cerrado a Marga Martín.
Las hojas de pago que C.F.D. no consideró pertinentes incluían el concepto de desplazamiento pese a que el abono del mismo no figuraba en el contrato del servicio. "Le dije a la concejala que no estaba de acuerdo, que no debían pagarse las horas de desplazamiento", aseguró la técnico en su declaración de ayer. Por eso en julio y agosto devolvió las facturas "por exceso" y firmó las que entendía como válidas. C.F.D. avisó a Marga Martín de los desfases, según su versión, y precisó que era la empresa la que "insistía" en pagar el concepto.
Informe sin "saber números"
La firma percibía 750.000 euros por trimestre del Concello de Ourense y obtenía beneficios a repartir entre los exsocios, hoy partes enfrentadas. Sin embargo, el contrato se modificado en dos ocasiones, incrementándose horas y fijándose nuevos precios. La UTE aseguró que "no ganaba dinero". C.F.D. intervino en el expediente de modificación del precio por hora a petición de Marga Martín. Uno de los socios le pasó la propuesta -no sabe si en papel o correo-, ella la copió y se la pasó a la edil, afirmó ayer. La funcionaria advirtió a la concejala imputada que "no sabía mucho de números". Martín le habría dicho que no se preocupara y que ya lo comprobaría el jefe de gestión económica. A la funcionaria - o lo constaba, contestó a su abogado, que el informe de modificación pretendiera "favorecer" a la UTE.
A la técnico le tomó el relevo M.R.R., exjefa del servicio hasta abril de 2009. Las dos se fundieron entre lágrimas en un abrazo a la salida de una y entrada de otra en la sala de declaraciones. M.R.R., también imputada, era jefa de servicio pero ayer aseguró no haber visto nunca el contrato con la adjudicataria.
Ella no autorizaba las facturas, tarea de su edil y superior, sino que conformaba que el servicio se había prestado, que las auxiliares estaban de alta en la Seguridad Social y que entrara en el presupuesto estipulado por mes. La concejala Marga Martín le dijo, declaró, que siguiera con el mismo sistema de facturación que el de la anterior adjudicataria y que "había que pagar el desplazamiento". Era la edil la que negociaba con la empresa, según esta versión.
Ese es el concepto que motivó las facturas de regularización de 2008 supuestamente falsas. "La concejala me llamó para decir que había habido un error en la facturación y que había que sumar el desplazamiento porque lo ponían los anexos del convenio colectivo de las auxiliares". M.R.R. aceptó lo que le dijo Marga Martín sin realizar ninguna comprobación.
Algún trabajador computó hasta 3,2 horas por este concepto. "La concejala me dice que pague la factura y por eso se paga", resolvió la exjefa de servicio. Nunca se las entregaron en mano, añadió. La concejal socialista, alcaldesa durante unos días tras la detención del exalcalde Francisco Rodríguez en la operación Pokémon, manifestó a los medios tras conocer su citación en calidad de imputada que era "habitual" recibir por correo electrónico o sobre liquidaciones antes de su trámite.
Correos electrónicos cruzados con el gerente -el ordenador personal de Martín está siendo analizado por la Guardia Civil- así lo constatan. El gerente envió un correo electrónico el 27 de noviembre de 2008 en el que comunicaba a Martín: " Te adjunto las facturas que recibiréis mañana en papel, la factura de noviembre seguirá su tramite normal y la extra de noviembre te la enviamos en un sobre cerrado".
