La decisión de si el Concello se persona en el proceso judicial abierto por presuntas irregularidades en el servicio municipal de ayuda a domicilio, que llevó consigo la imputación de la edil de Servicios Sociales y teniente de alcalde, Marga Martín, y cuatro funcionarias del área, deberá esperar a los diferentes informes "que en su momento se encargaron", aseguró ayer el alcalde, Agustín Fernández. "Una vez tengamos esos informes tomaremos una decisión al respecto", concluyó el regidor al término del acto de entrega de diplomas a los participantes en el programa "Ourense Inserta".

Desde que la Junta de Gobierno Local acordase el 31 de enero pedir esos informes, un mes y medio después nada se sabe oficialmente sobre los mismos, aunque según la información a la que tuvo acceso FARO, al menos uno de ellos si es favorable al personamiento por si de las actuaciones judiciales puedan llevar a que se produjo algún "perjuicio" para el Concello. Una posibilidad que descartó ayer el alcalde, que proclamó de forma rotunda que "no sufrió ningún perjuicio", además de asegurar que "no existe ningún tipo de irregularidad".

Uno de los informes por los que dice esperar el alcalde es el de la jefa de Servicios Sociales, que es una de las funcionarias imputadas por el Juzgado de Instrucción número 2. Su titular, Antonio Piña, investiga las presuntas irregularidades que forman parte de la denuncia presentada por el grupo municipal de Democracia Ourensana, relacionado con supuestas facturas falsas, doble facturación y otros que se podrían haber cometido en la gestión del servicio municipal de gestión privada.

Legalidad

En el acuerdo de la Junta de Gobierno también se incluía dar traslado, para emitir el informe correspondiente, al titular del órgano de Gestión Económica y Presupuestaria, al Asesor Jurídico, citados por el juez en calidad de testigos, y al Interventor Municipal que ya prestó declaración, también como testigo en el Juzgado. Y se aclaraba que una vez emitidos los informes requeridos en relación los hechos denunciados, y en su caso "acordar el personamiento del Ayuntamiento, en las diligencias penales incoadas, solo en el entendimiento de que pudiera existir o derivarse algún tipo de perjuicio para los intereses municipales".

Sobre el servicio de ayuda a domicilio, el alcalde no tiene duda alguna: "Funciona correctamente y en la más estricta legalidad", para "alabar la profesionalidad" en todas las actuaciones realizadas tanto por la concejala de Servicios Sociales y de las funcionarias imputadas en los diferentes informes emitidos en su momento, y que son objeto de investigación por parte del juez.

Sobre lo que no se pronunció Agustín Fernández fue en relación al plazo para decidir si el Concello se personará, como así lo reclaman PP y DO.