El Concello de Ourense recibió ayer un informe de once páginas procedente de la secretaría xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo de la Xunta que desglosa más de un centenar de errores de carácter formal y documental detectados en el nuevo PXOM que tendrán que ser corregidos para que el documento pueda someterse a aprobación inicial. La secretaria Encarnación Rivas Díaz matiza en el informe que no se cuestiona el modelo territorial propuesto, ya que considera correctas las previsiones de crecimiento de la población realizadas por el ayuntamiento a través de la Oficina de Planeamento SA.
La Xunta comprobó que la capital provincial, con 108.002 habitantes en 2011, creció un 15% en los últimos 30 años. Frente a un volumen total de 64.649 viviendas, el plan prevé que, en la hipótesis de mayor desarrollo demográfico, se registre un incremento de 11.567 habitantes en los 16 años de vigencia que tendrá la normativa. Para dar respuesta a esta demanda, el documento urbanístico clasifica suelo para 19.543 nuevas viviendas, de las que 12.675 corresponden al programa del PXOM, y 6.868 para los siguientes ocho años, hasta llegar a un horizonte de 24 años.
La Xunta no ve objeción alguna a esta previsión de crecimiento pero sí propone una densa corrección de errores en cuestiones de clasificación y cualificación de suelo, así como faltas referidas a la normativa, el estudio económico y aspectos documentales y de legislación sectorial. En términos generales, señala, la documentación aportada por el Concello de Ourense "no demuestra que determinados ámbitos del municipio reúnen las características necesarias para ser clasificadas como suelo urbano". Igualmente, "existen incongruencias o errores en las delimitaciones de núcleos rurales y de suelos urbanizables", así como en las categorías de las especiales protecciones del suelo rústico.
En cuanto a la estructura general y orgánica del territorio, la Xunta aprecia que parte de los ámbitos considerados como parque urbano se encuentran sectorizados por las infraestructuras que lo atraviesan, y otras, en cambio, no tienen la dimensión suficiente para su consideración como sistema general.
A través de once folios, el informe suma más de un centenar de puntualizaciones que el equipo que redactó el plan deberá revisar y corregir. Por ejemplo, el hecho de que en los suelos urbanizables y en los urbanos no consolidados en los que se prevén usos residenciales, es obligatorio establecer una reserva mínima de edificabilidad para uso comercial.
Tampoco aclara el documento las acciones previstas en los terrenos de la actual depuradora de Reza y, además, recuerda que en las áreas con riesgo de inundación no se permiten construcciones.
En cuanto a la clasificación de suelo urbano, la Xunta aprecia carencias en determinados terrenos emplazados fuera de la delimitación vigente para ser clasificados en el nuevo plan como suelo urbano. Se trata de localizaciones como Reza-A Granxa, Rairo o Ponte Loña, faltos de servicios básicos como saneamiento y abastecimiento. El informe también advierte al Concello de que deberá calificar como suelo urbano no consolidado zonas que no están urbanizadas o, en caso contrario, acometer su urbanización. Ramirás, Cudeiro, Cabeza de Vaca, Fonsillón, Seixalbo o Eiroás aparecen en el informe hasta completar una treintena de localizaciones con carencias de servicios.
La Xunta también detecta incongruencias en relación con la ordenación de 1986, vigente en la actualidad por la caída del PXOM de 2003, y advierte de que el nuevo plan incluye como suelo urbano consolidado ámbitos del documento anulado por el Tribunal Supremo y recogidos en la ordenación provisional que no están totalmente ejecutados. Se trata de la AR 43-O, donde se construye el nuevo edificio judicial y está previsto el centro de salud de O Couto, y la AR 38-O correspondiente a la rehabilitación y de A Muiñeira. El informe señala que ambas áreas deben incluirse en la categoría de suelo urbano no consolidado.
