La polémica en torno al servicio municipal de limpieza y recogida de basura y la empresa adjudicataria, la UTE Ecourense, sigue acumulando críticas y denuncias, como la que trasladó en el pleno de ayer el grupo municipal del Partido Popular, al advertir su portavoz, Rosendo Fernández, al grupo de gobierno socialista sobre una posible prevaricación - "una resolución a sabiendas de que es ilegal"-, aclaró, en relación a la aplicación de sanciones derivadas de los incumplimientos.

El argumento esgrimido por el portavoz popular se sostiene en el informe emitido en su momento por el jefe de servicio de Limpieza y el interventor municipal, sobre los incumplimientos de la empresa en materia de personal, y que ambos califican de "graves", por lo que la sanción que se debe imponer va desde los 6.001 a los 30.000 euros, como recoge el artículo 21 del pliego de condiciones económico administrativas que marcan la adjudicación del servicio.

Pero la Junta de Gobierno Local, en la reunión del 22 de noviembre de 2012, formada por concejales del grupo socialista que gobierna el Concello de Ourense en minoría, "rebajaron" los incumplimientos a una "falta leve", con lo que aprobaron una sanción de 650 euros, y que para los populares es una "clara contradicción".

Es por eso que el portavoz popular pasó de la advertencia a la petición expresa de "no judicialicen este servicio, por favor", en alusión a otros que ya se están siendo investigados, como el de ayuda a domicilio, con los funcionarias imputadas, debido a presuntas irregularidades como la de facturas falsas.

Y aunque en el debate, que tenía como referencia la iniciativa del PP para modificar la ordenanza fiscal de la tasa por la recogida de basura, con la intención de devolver parte del dinero a los vecinos por un servicio que "no se prestó", la concejala de Limpieza, Susana Bayo, que evitó entrar en esa posible prevaricación, reconocía los informes del jefe de servicio y el interventor, con la calificación de falta grave los incumplimientos, pero justificó la imposición de una sanción por falta leve en un informe de jurídico, pero sin concretar más.

En cuanto a la reclamación de algo más de 775.000 euros por los incumplimientos de la empresa reflejados en la auditoria realizada, Bayo aclaró que no están en las arcas municipales ya que se abrió el preceptivo periodo de alegaciones al que tiene derecho la empresa, que "demorará todo lo posible su pago", ya que la firma cuenta con "servicios jurídicos muy potentes".

Lo que para el portavoz popular "era un secreto a voces", los incumplimientos, por lo que no se puede hablar de un "servicio excelentes", como así lo proclamaron la edil de Limpieza y el alcalde, Agustín Fernández, para los portavoces de BNG y DO, queda claro que los informes de los técnicos y la auditoría revelan que es un "servicio deficiente", como señaló la edil nacionalista, Ximena González. Por su parte, Susana Gómez, de DO, es partidaria de que la empresa, de seguir así "es mejor que se vaya y se rescate la concesión".