El Concello de Bueu ha decidido actuar por sus propios medios para intentar atajar uno de los puntos convertidos en foco de venta y trapicheo de drogas en el municipio. Los servicios municipales han comenzado a tapiar los accesos a un edificio sin acabar situado al pie de la PO-551, en el lugar de A Canceliña. La decisión municipal llega después de que se le enviase un requerimiento a los propietarios del inmueble sin que tomasen medidas al respecto. Desde el gobierno local avanzan que el siguiente paso será la imposición de multas coercitivas, que pueden ir desde los 1.000 a los 10.000 euros.
La actuación municipal llega después de que a lo largo de los últimos años los vecinos de la zona se quejasen reiteradamente de que este edificio, situado en una zona muy transitada, se convirtiese en un lugar habitual para el consumo de sustancias estupefacientes. La obra quedó inacabada debido a la crisis económica y nunca se llegaron a cerrar los huecos de las ventanas y las puertas.
El proceso de notificación a los propietarios no ha resultado sencillo, tal como explican desde el departamento de Urbanismo. La promotora que inició las obras ya no es la propietaria del inmueble, que fue traspasado a otra empresa. Desde el Concello de Bueu se remitió a los dueños un escrito instando a tapiar los huecos del inmueble y poner fin a la situación de inseguridad en la zona. "Como se ha hechpo caso omiso hemos decidido hacerlo nosotros, pero sin ocupar la propiedad", señalan desde el ejecutivo local. Después de solicitar un informe a los técnicos municipales se optó por colocar una serie de planchas metálicas en el dominio público, de tal forma que se impida la entrada al edificio. Los trabajos los está ejecutando una brigada municipal y continuarán durante los próximos días.
Paralelamente la administración local ha iniciado otro proceso contra la empresa propietaria del edificio. Desde el Concello de Bueu explican que la responsabilidad de tapiar los puntos de acceso al interior corresponde a la propiedad. Por esta razón se empezarán a tramitar multas coercitivas hasta que la empresa se haga cargo de los trabajos. La sanción mínima puede ser de 1.000 euros y puede ir incrementándose hasta los 10.000 si no se acata la resolución municipal.
