El "peinado" que realiza una empresa contratada por la Dirección General del Catastro con medios terrestres y aéreos para localizar inmuebles sin declarar o que no se ajustan a lo registrado está dando los primeros resultados, y en los meses que lleva trabajando en la comarca de O Morrazo han aflorado más de 4.000 obras que no figuraban en sus bases de datos. Cangas, con unos 2.750 casos, acapara la mayoría de estos inmuebles que no están regularizados, mientras que en Bueu se han detectado algo más de 1.300, aunque en ambos municipios el trabajo aún no está cerrado. En Moaña el sondeo comenzará en los próximos meses, según los planes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que insiste en que el programa no tiene afán recaudatorio y que no impondrá multas a los titulares. Eso sí, tendrán que pagar una tasa de 60 euros por cada infracción y se le pasarán al cobro los recibos de los últimos cuatro años, con los correspondientes intereses de demora.
En la gran mayoría de los expedientes abiertos se trata de ampliaciones, rehabilitaciones, anexos, garajes, piscinas y obras encubiertas por las que no se tributa, cuando deberían hacerlo. En Cangas y Bueu los rastreos se encargaron a la empresa coruñesa Eptisa, cuyos técnicos se encargaron de los vuelos y el posterior trabajo de campo para confirmar los datos sobre los planos y cotejarlos sobre el terreno. Esas visitas fueron las que llamaron la atención de algunos vecinos que en los últimos meses mostraron su temor a que se tratase de una revisión catastral, aunque luego la Gerencia Territorial aclaró que solo se trata de una "regularización" a la que ya se han sometido más de 3.000 municipios en España. Actualmente se realiza en un centenar de concellos de Galicia, una cuarta parte de ellos pontevedreses, y en la práctica totalidad de los casos a instancias de la propia institución municipal.
Los alrededor de 4.000 expedientes abiertos en Cangas y Bueu aún podrían aumentar en los próximos meses, pues Hacienda insiste en que aún no hay datos cerrados. En el municipio buenense no está previsto que los trabajos concluyan hasta octubre, y en el cangués podrían continuar hasta finales de año, según las fuentes consultadas, que insisten en que el objetivo no es "sablear" a los contribuyentes, sino posibilitar que haya un reparto equitativo de las cargas para que no sean unos pocos los que paguen los servicios que disfrutan otros. "Pagar todos para pagar menos", señaló una fuente del Ministerio en el inicio de la campaña, que también incidió en que el afloramiento de inmuebles no declarados podría animar a los ayuntamientos a rebajar los tipos de gravamen que aplican a la mayoría de los vecinos sin mermar por ello los recursos totales disponibles.
Una vez que los afectados reciben la notificación en su domicilio disponen de un plazo de 15 días para formular alegaciones, que pueden incluso presentar a través de los Concellos. Con respecto a la tasa de 60 euros que se aplica por cada inmueble pendiente de regularización iría destinada a "autofinanciar" el programa puesto en marcha por la Dirección General del Catastro y pagar los trabajos que ejecutan las empresas contratadas por "lotes" de ayuntamientos. Además, con esta regularización los bienes inmuebles ya figurarán actualizados a todos los efectos, como es el caso del recibo de la contribución o impuesto de bienes inmuebles (IBI), lo que también contribuye a consolidar ese ingreso.
Construcciones "ilegales"
Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda también han aclarado que el hecho de que una construcción o reforma no haya sido declarada ante el Catastro no implica que sea legal o ilegal. "Es una cuestión totalmente diferente la necesidad de proveerse de la preceptiva licencia urbanística que se otorga por autoridad municipal y la obligación de presentar una declaración de alteración del bien inmueble ante el Catastro inmobiliario", resaltan, por lo que esa nueva obra debe declararse al margen de se haya ejecutado con permiso o sin él.
