La Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha aumentado la presión sobre los inmuebles construidos de manera ilegal en Deza y Tabeirós-Terra de Montes, pues la primera mitad de 2019 -período al que se refieren los últimos datos disponibles- ya registra un caso más que en todo el año anterior. Fueron cuatro los expedientes de demolición tramitados y ejecutados en la zona: Dos corresponden a Vila de Cruces, que vuelve a ser el concello más afectado por la acción de la APLU, pues había aglutinado ya dos de los tres casos registrados en 2018, mientras que los otros se sitúan en A Estrada -también con un caso el año precedente- y Cerdedo-Cotobade.
En este último municipio se produjo la primera demolición del año en la zona, en el mes de enero, si bien la resolución tenía fecha del 26 de abril de 2018. Corresponde a una edificación a medio construir en el lugar de Framil, en la parroquia de San Pedro de Parada. La estructura de hormigón había sido levantada en suelo rústico de protección agropecuaria, motivo por el cual la construcción fue denunciada por el servicio provincial de la APLU en Pontevedra.
Idéntico origen tenía la denuncia que terminó con el derribo de una edificación de tipo residencial en el lugar de Os Sueiros, en la parroquia estradense de Santo André. La agencia dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda emitió una resolución el 9 de agosto de 2018 que obligaba a devolver a su estado original un suelo clasificado como rústico de protección agropecuaria. La casa, con ventanas y paredes de ladrillo, fue tirada en febrero.
Resolución de 2010
Las otras dos actuaciones de la piqueta de la Xunta en la primera mitad del pasado año tuvieron como escenario Vila de Cruces, uno de los municipios más vigilados de la zona en los últimos años. La primera se produjo también en febrero para dar cumplimiento a una resolución adoptada casi diez años antes, el 21 de enero de 2010. En este caso fue un particular quien denunció la construcción de una edificación en la aldea de Vilar, perteneciente a la parroquia de Brandomés, por encontrarse en suelo rústico y, por tanto, no urbanizable. El inmueble, con apariencia de vivienda, presentaba paredes de bloques de hormigón y ya disponía de puertas ventanas y de un balcón.
Al mes siguiente, en marzo, tuvo lugar la otra acción constatada en territorio cruceño. La demolición afectó a una edificación residencial levantada en suelo no urbanizable de régimen normal en el lugar de Duxame. El expediente había sido instruido a instancias de la propia APLU, cuya resolución estaba fechada el 2 de mayo de 2018.
Los cuatro nuevos casos confirmados por la agencia autonómica en la primera mitad de 2019 elevan a la quincena el total de expedientes tramitados en la última década en ambas comarcas. El primer caso documentado se remonta a 2010 en Rodeiro, municipio que registra otra demolición en 2015. Los otros nueve se reparten entre A Estrada, con una actuación en 2018, otra en 2017 y dos en 2016; Vila de Cruces, con dos en 2018 y otra en 2017, año en que también figura un derribo en Agolada; mientras que el restante fue en Silleda en 2012. A Estrada y Vila de Cruces son, pues, con cinco expedientes cada uno, los municipios más castigados por el organismo autonómico. En cambio, se libran de su acción, por ahora, Lalín, Dozón y Forcarei.
