Los edificios inacabadas o casi abandonados por completo muchas veces ocasionan importantes problemas a las administraciones locales que se ven obligadas a tomar medidas para evitar situaciones de peligro. Casos como los que ya se dieron en el Concello de Lalín, en dónde ya ha iniciado un proceso de notificaciones a entidades financieras propietarias de inmuebles sin acabar.

Primero fue la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la que en agosto pasado recibió un primer mandato para acondicionar el bloque de viviendas con fachada a las calles Joaquín Loriga, Molinera y Rosalía de Castro. Y fue en diciembre cuando el Concello advirtió a una entidad financiera con una multa de entre 1.000 y 10.000 euros reiterables cada tres meses si no procedía a acondicionar un inmueble de la rúa Xazmíns. El inmueble en cuestión fue asumido, como muchos otros del núcleo urbano lalinense, por una entidad financiera al frustrarse el proyecto de una inmobiliaria. Parte de estos pisos fueron traspasados por algunas sociedades crediticias a la Sareb.

En cuestión de multas, otra de las novedades que contempla la Lei de rehabilitación, rexeneración e renovación urbana de Galicia es que se establecerá por primera vez un régimen sancionador específico para luchar contra aquellas pintadas y graffiti que se produzcan en las edificaciones históricas o en ámbitos protegidos. A modo de ejemplo destaca la declaración de áreas Rexurbe, pensadas para dar respuesta a la situación que presentan los ámbitos urbanos especialmente degradados que precisan de una rápida intervención. De hecho, en aquellos casos concretos de edificios o conjuntos históricos que sea necesario intervenir, cabe la posibilidad de declarar la utilidad pública y la urgente ocupación.