En unos días en los que la sanidad en Lalín está siendo objeto de debate político por la futura construcción del Centro Integral de Saúde (CIS), el PP defendió una moción con la que exige al gobierno que no demore más la puesta a disposición de la Xunta de los terrenos para avanzar en el proyecto. Parte de esta iniciativa quedó recortada al haber firmado ya el alcalde, Rafael Cuíña, el convenio remitido por Sanidade. No obstante, el portavoz popular, José Crespo, le reprochó que rubricase el documento tres días antes de su recepción oficial en el concello y no diese este mismo paso con anterioridad, una vez que apoyó con su firma un documento sin tenerlo físicamente delante. El regidor dijo que tomó esta decisión al tener constancia de que la consellería había registrado la salida del convenio.

Entre medias tomó las riendas del debate el edil de Saúde Pública, Nicolás González Casares, quien dijo que pese a los anuncios del anterior gobierno de que había dejado los terrenos ya disponibles, cuando tomó posesión se percató de que no era así. El concejal descalificó el plan funcional con un "no hay por donde cogerlo" y recordó que este era el tercer convenio que había firmado el Concello en los últimos años, sin que el entonces Centro de Alta Resolución (CAR) fuese una realidad. Recriminó a Crespo que primero pidiese un hospital comarcal, luego aceptase el CAR y ahora exigiese el visto bueno a un convenio que rebaja sustancialmente las prestaciones iniciales. Aseguró que en este documento ya no se contemplan consultas externas, tampoco un servicio esencial como los TAC, frena la posibilidad de que Lalín pueda disponer de una ambulancia medicalizada y ni contempla despachos para personal de hospitalización a domicilio. En definitiva, Casares dijo que el futuro CIS apenas mejora las prestaciones del actual ambulatorio pues no se prevé un incremento de consultas y desaparecen las especialidades que incluía el anterior modelo. "Esto puede ser una hipoteca para la sanidad de Lalín y una bajada de pantalones sanitaria", declaró, además de exponer que el CIS solo ocuparía una parte de los terrenos de Alto de Vales.

Crespo, en su alegato, manifestó que él firmó convenios para conseguir infraestructuras, que luego trató de mejorar con negociación y lamentó la visión cortoplacista de Casares por criticar que la obra fuese de menor dimensión, una vez que, dijo, es más oportuno aportar una superficie más amplia para equipamientos futuros. Y señaló que, efectivamente, primero exigió el hospital comarcal, luego aceptó el CAR, proyecto que no llegó a ejecutarse por falta de recursos económicos en la Xunta por la crisis, aunque defendió que sí hubo voluntad para acometer la obra y por eso se consignaron en su momento 10 millones de euros en el presupuesto autonómico.

Cuíña, pese a que la moción era del PP. cerró el debate con una cronología. Dijo que en 2010 se había anunciado el CAR en Alto de Vales y que un año después Crespo garantizaba que los terrenos estarían en seis meses o que el centro sanitario sería una realidad en 2013. Y que en 2015 volvió, con la exconselleira Rocío Mosquera, a manifestar que con la aportación de los terrenos esta infraestructura se acometería cuando hubiese disponibilidad económica.