La propuesta lanzada esta semana por Comisiones Obreras (CC OO) sobre el acuerdo sindical con el anterior Gobierno central relativo a la regularización del personal laboral en el sector público no es del agrado de la Confederación Intersindical Galega (CIG). Su responsable comarcal, Antón Álvarez Merayo, señala que el pacto de las centrales estatales tiene lagunas porque propone un procedimiento para el que luego no concreta cómo se debe materializar. Arremete con dureza contra el representante de Comisiones José Luis García Pedrosa por plantear esta vía ahora en concellos como el de Lalín, cuando este asunto ya se abordó hace tiempo en las mesas de negociación.

Merayo indica que en los encuentros con el Concello se pusieron encima de la mesa las alternativas legales para la conversión en indefinidos de los 38 laborales tras la decisión de Inspección de Trabajo, en verano de 2016, recurrida por el gobierno local. Una vez que la vía administrativa podría ser más compleja, "y daría muchos problemas" ya hace más de un año comenzaron a presentarse en el juzgado de lo social las primeras demandas. Actualmente algunas de estas 16 están pendientes de resolución o de admisión a trámite. Se trata de empleados asesorados por la CIG que tomaron este camino para, según Merayo, gozar de una mayor protección jurídica. Sobre el acuerdo que plantea Comisiones apunta que hay claroscuros como que para que los laborales del Concello de Lalín pasasen a ser indefinidos no fijos la administración local debería estar obligada a sacar estas plazas a concurso y alguno de los trabajadores correría el riesgo de perder su puesto si no se negocian con claridad todas las condiciones. Para consolidar estos empleos, añade, existen varias vías, siendo conveniente la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal. En este sentido admite que le gustaría que el ejecutivo local mostrase mayor voluntad, si bien se partía de un documento previo muy pobre.

Álvarez Merayo cuestiona que Pedrosa salga ahora a la palestra, "de nuevo" cuando, dice, en los últimos tres años hubo dos sindicatos que realizaron un trabajo en el ayuntamiento lalinense "y a ellos [Comisiones] ni está ni se le espera". Considera que este sindicato está desautorizado para cuestionar la política laboral cuando en su etapa como única central con representación en el concello era la que tenía acceso "a todos los contratos" y nunca cuestionó posibles irregularidades como acuerdos en fraude de ley. "Que deje de exponer a los trabajadores y ponerlos en la picota con un discurso político, porque además no representa a nadie; en el concello tienen una sola delegada". Por último, reprocha a Comisiones su silencio ante contratos en el conservatorio que luego tuvieron que ser cancelados porque el personal no tenía la formación precisa o que no se preocupasen de desarrollar una RPT municipal.

El alcalde, Rafael Cuíña, es favorable a valorar el acuerdo estatal, pero dice en que debe mirar por la defensa de los intereses del Concello y que la única vía para que haya un argumento legal es el pronunciamiento de un juez. Acusa a Pedrosa de seguir falseando la realidad, cuando, dice, la exinterventora Marta Oviedo cifró en más de 800.000 euros el coste de la regularización de los 38 laborales de Patronato y Concello. "No lo afirmo yo, lo dijo la interventora en un pleno en octubre de 2016".