Los tres partidos de la oposición estradense, PSOE, BNG y Móvete, coinciden en que la decisión del jefe de Protección Civil y coordinador de Emerxencias de A Estrada, Carlos Faílde, de solicitar la excedencia tras la polémica surgida por las adjudicaciones de contratos públicos a empresas de su propiedad o vinculadas a él, no es suficiente y reclaman que se depuren "responsabilidades". Entretanto, el trabajador municipal continuó ayer ejerciendo su labor en el dispositivo montado con motivo de la celebración del último día de la Rapa das Bestas de Sabucedo. A lo largo de esta semana formalizará la solicitud de excedencia y también de su baja en la ejecutiva local del PP.
El grupo socialista entiende que, si bien la solicitud de excedencia como personal laboral fijo del Concello de A Estrada es "un derecho" que tiene como trabajador, "no se puede pretender" con esta medida "esconder las irregularidades cometidas en una administración". "No se pueden tapar las irregularidades con una solicitud de excedencia; es necesario depurar responsabilidades", insiste el PSOE. Así las cosas, hará valer su representación en la Corporación para exigir la realización de un informe jurídico "en materia de contratación de servicios y suministros", ya solicitado en el pleno celebrado el pasado jueves. El grupo cuya portavocía ejerce la edila Belén Louzao, recalca que el alcalde, José López Campos, sus delegados en materia de personal -el edil Alberto Blanco y el director de régimen interno, Enrique Prieto- "eran conocedores de la doble actividad en la empresa privada y en el sector público" de Faílde. Según afirma, "permitieron durante años esta dualidad que resulta ilegal en materia de contratación, por lo tanto, es necesario depurar responsabilidades", argumenta Louzao.
El PSOE local entiende también que "procede un expediente disciplinario" en este caso pues, según señala, la ley exige a los trabajadores de la administración pública que comuniquen a la empresa "cualquier actividad que realicen a mayores" de su puesto en el sector público, "así como cualquier variación en su situación". Y señala que "en este caso, a pesar de conocer la ley, el trabajador no ha hecho esas comunicaciones", asegura el grupo socialista.
Alude también a la ley de contratos: "es clara, y dice que "una empresa propiedad de un trabajador municipal, o de su mujer/marido o hijos, no puede realizar ningún tipo de trabajo para la administración en la que el trabajador presta servicio público, bien sea directamente o por empresa interpuesta o subcontrata", apuntan los socialistas, que aseguran que demostraron ya en el pasado pleno, con datos, que las firmas vinculadas a Faílde sí prestaron servicios al Concello de A Estrada "en 2013, 2014, 2015 y 2016, de modo directo y facturando mediante subcontratación". La portavoz socialista defiende que "es necesario llegar al fondo de estas irregularidades para evitar que situaciones similares se continúen produciendo".
El PSOE local critica la actitud del regidor. Dice al respecto que su memoria "resulta ser selectiva e interesada", por pasar de "negar los hechos a reconocer los datos con los que los socialistas demostramos que miente". En este sentido, apunta que "niega" haber nombrado por decreto a Faílde como coordinador de Protección Civil, después "olvida" que el trabajador "deja de hacer sus funciones habituales para hacer unas no definidas en ningún lado", a la vez que "olvida" también "que él mismo es quien autoriza todos los gastos que se hacen en Protección Civil a propuesta del trabajador investigado y que este propio trabajador es el que conforma todas esas facturas, incluidas las de sus empresas", aseguran los socialistas. También critican que el alcalde negase en el pleno que las empresas vinculadas a Faílde siguiesen prestando servicios para el Concello a partir de 2014 "siendo propietario al cien por cien de una empresa y apoderado de otra de la que es propietaria su mujer, que presta servicios al Concello desde 2013, momento de su creación", asegura el PSOE. Añade que ahora López Campos "parece querer esconderse detrás del derecho de excedencia del trabajador para no reconocer que es ilegal" que sus empresas "prestasen servicios para el Concello".
Para el BNG, con la marcha de Faílde de la escena pública "no desaparecen las responsabilidades políticas del alcalde", como "responsable de su nombramiento y conocedor de sus negocios con el Concello y con la Xunta". Tal y como ya señaló el portavoz de los nacionalistas locales, Xosé Magariños, en el pleno del jueves, el BNG no entra a valorar si las adjudicaciones cumplieron la legalidad vigente, "eso es algo que tendrá que decir el juzgado", explica, pero asegura que "este comportamiento no es ético y el alcalde es el responsable político de todo esto". A su juicio, la decisión de Faílde de apartarse "demuestra que el alcalde estaba contra las cuerdas y el PP local prefiere sacrificar un peón para salvar al rey, por culpa de un caso que tiene ramificaciones más allá de la administración local". Entiende que el caso Faílde "puede ser solo la punta del iceberg, viendo las adjudicaciones a dedo del gobierno de López en el año 2016", en que las contrataciones por obras, suministros y servicios del Concello superaron los 2,2 millones de euros, según datos de los nacionalistas.
Por su parte, Móvete defiende que el debate "no se puede cerrar" hasta "aclarar" asuntos que su portavoz, Mar Blanco, dice que "quedaron sin respuesta" en el pasado pleno. En base a ello, reitera la necesidad de convocar una segunda comisión para "llegar al fondo del asunto para aclarar si fueron ilegales las adjudicaciones que el Concello hizo a las empresas relacionadas con Carlos Faílde". Además, pide información sobre la "posible relación empresarial" de la Fundación Cultural -dependiente del Concello- con Faílde en su faceta de empresario, así como "si en la actualidad puede haber adjudicaciones indirectas a través de subcontratas. Móvete pide también un informe jurídico que determine la legalidad de dichas contrataciones.
