19 de febrero de 2017
19.02.2017

Salvemos Catasós pide a la Fiscalía que indague a Xunta y Fenosa en el proyecto de la línea eléctrica

-Alude a una posible prevaricación de la consellería en la declaración de impacto ambiental -La plataforma y dos colectivos más proponen una sanción a la compañía de 240.000 euros

19.02.2017 | 03:29
Miembros de la plataforma entregan un escrito en la oficina de la Xunta de Lalín, a finales del mes pasado. // Bernabé/Javier Lalín

La plataforma Salvemos Catasós y las asociaciones ambientales Petón do Lobo y Cova Crea acaban de remitir a la Fiscalía un escrito en el que solicita que investigue una presunta prevaricación administrativa por parte de la Xunta en el expediente de aprobación del proyecto de la Línea de Alta Tensión (LAT) O Irixo-Lalín.

La decisión del colectivo parte a raíz de la sentencia de la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra, que desestima la alegación de la empresa Gas Natural-Fenosa contra el Concello de Lalín por no otorgar licencia municipal de obra al proyecto. Así, estas tres entidades entienden que el fallo protege al bosque de Casas Vellas en detrimento de los intereses de la compañía "y es suficientemente esclarecedor en este sentido". Salvemos Catasós entiende que existen "indicios racionales" de que en el informe ambiental de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza y en la resolución de impacto ambiental formulada por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, informadas favorablemente, se pudiese haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa. Recuerda que la resolución es del 2 de abril de 2013. A su juicio, tanto los informes como la citada resolución "incorporan todos los elementos integrantes de la infracción como la emisión de informes favorables, por funcionario público, a propósito de su injusticia, respecto de aspectos tales como la inexistencia de elementos naturales que pudiesen verse afectados por la línea de alta tensión". Sobre este último particular la sentencia favorable a los intereses del Concello ya advertía que o bien se habían obviado o no considerado la enorme masa boscosa autóctona que, dentro de una misma masa territorial, formarían tanto Casas Vellas como la Fraga de Quiroga.

En la comunicación a la Fiscalía, Salvemos Catasós, Petón do Lobo y Cova Crea solicitan también a la empresa que cese de inmediato "en su conducta absurda" y que renuncie al procedimiento expropiatorio hasta que no se pueda consolidar un derecho "basado en un presunto ilícito penal del que es cómplice con la Administración". Así las cosas, expone a Fenosa que con arreglo a la legislación de evaluación ambiental se consideran infracciones graves "la ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el proceso de evaluación". En consecuencia se insta a la Consellería de Medio Ambiente a iniciar un procedimiento sancionador y multar a la compañía eléctrica con la multa máxima de 240.400 euros, el tope máximo establecido legalmente, por los prejuicios derivados "de su irresponsabilidad". Se recuerda que el proyecto de Fenosa no contemplaba la existencia de la Fraga de Casas Vellas, "por lo que no se puede beneficiar de la ocultación de datos que realizó en la tramitación administrativa".

Por otro lado, en el escrito se manifiesta que la Dirección Xeral de Conservación da Natureza y la Subdirección Xeral de Espazos Naturais deberán impulsar por la vía de urgencia que la declaración de Casas Vellas como Espazo Natural de Interese Local (ENIL) se someta al trámite de participación pública y no demorar más su tramitación "puesto que está en sus manos la protección de la Fraga de Casas Vellas". Otra reflexión tiene que ver con que la planificación ambiental prevalece sobre el resto de los planes, programas o proyectos. Y la protección que a este bosque le otorga el Catálogo da Paisaxe de Galicia "prevalece por imperativo legal sobre el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal denominado LAT 132kV O Irixo-Lalín".

Finalmente, la asociación local y las dos de ámbito autonómico instan al Concello de Lalín a que se sume a esta iniciativa y que también de traslado a la Fiscalía de la actuación de las partes implicadas; es decir, por un lado la administración autonómica y por otro, la empresa a la que la Xunta, por cierto, le otorgó todos los permisos preceptivos para su proyecto constructivo.

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