El Concello de Lalín hizo públicos ayer los datos de las ayudas por emergencia social y de la Renda de Integración Social de Galicia (Risga), que en los siete primeros meses del año alcanza los 130 registros. Esta cifra supone un importante incremento en las compensaciones a familias con dificultades, máxime si se tiene en cuenta que según los datos facilitados por la Xunta en todo el año pasado el cómputo global fue de 115 casos.

La concejala de Benestar Social, Paz Pérez, realizó un desglose de los datos del que se desprende que 62 de las solicitudes tramitadas por el ayuntamiento son del Risga, mientras que otras 68 familias o beneficiarios recibieron algún tipo de prestaciones de emergencia social. Estos programas tienen como finalidad dar respuesta o derivar al recurso idóneo a las personas en riesgo de exclusión social, aplicando tanto proyectos de intervención personalizados o de grupo, como compensaciones económicas específicas. En el caso del Risga se tramitaron ante la Xunta 62 propuestas. Esta prestación social de carácter periódico está destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a los vecinos mediante planes personalizados de inserción, constituidos por un conjunto de acciones tendientes a la integración personal o familiar.

Mientras, las otras 68 compensaciones de emergencia social se cubren con cargo a los presupuestos municipales y autonómicos. Así, las 57 compensaciones de casos de emergencia social corrieron a cargo del Concello y supusieron un montante de 8.508 euros, mientras que las 11 restantes son financiadas por la administración gallega con 8.556 euros.

Las Axudas de Emerxencia Social (AES) se definen como compensaciones económicas de pago único concebidas para paliar situaciones de necesidad que originen a sus beneficiarios gastos extraordinarios para cubrir servicios específicos de carácter básico y urgente. La concejala lalinense manifiesta que este tipo de gastos a los que se pretenden llegar con estas contraprestaciones son, entre otros, los farmacéuticos, de puericultura y suministro de servicios básicos como agua, luz o electricidad en las viviendas. También abarcan cuestiones de primera necesidad como el alquiler de viviendas, alimentación o material escolar.