La escasez de sacerdotes ha generado a la Iglesia no solo la necesidad de reorganizar la celebración de oficios en las distintas parroquias, sino también de buscar fórmulas para evitar el consecuente deterioro de las casas rectorales, fruto de su abandono. Una de esas fórmulas pasa por el alquiler, sistema aplicado ya en dos de las 91 viviendas pastorales que las diócesis de Lugo y Santiago de Compostela poseen en las comarcas de Deza y de Tabeirós-Terra de Montes. Desde hace más de dos años la rectoral de Vilatuxe, en Lalín, está habitada por una familia y desde el pasado verano una pareja y su hija residen en la de la parroquia silledense de Cortegada.
El establecimiento de contratos entre Iglesia y ciudadanos de a pie para ocupar temporalmente las casas, otrora viviendas oficiales de los párrocos, es una práctica bastante extendida en zonas de la provincia de Lugo, donde la diócesis ha apostado por ceder sus inmuebles para garantizar su sostenimiento, al tiempo que percibe una remuneración por el arrendamiento. Según datos facilitados por responsables del obispado, los ingresos que perciben por alquileres o ventas de inmuebles suponen el 38% del total, elevándose a 122.666 los euros recaudados en 2011 solo por arrendamientos.
El sistema comienza a implantarse tímidamente en la zona, donde la diócesis negocia más alquileres. Concretamente dos nuevos en la comarca dezanas, de los que prefiere no dar datos. Y es que la Iglesia se ve superada a la hora de conservar su patrimonio. Más del 60% de las casas rectorales de los nueve municipios de la zona están cerradas y entorno a un 20% se encuentran totalmente inservibles, en total estado de ruina. De las 91 viviendas pastorales de la zona, 32 se ubican en territorio dezano, según datos del obispado lucense. De ellas solo un 40% están siendo utilizadas, bien por los sacerdotes, como residencia oficial, bien para la realización de actividades pastorales, como charlas, sesiones de catequesis y demás actos promovidos por la Iglesia. El delegado diocesano de Patrimonio de Bienes Inmuebles, Miguel Gómez Vázquez, admite que "algunas se utilizan únicamente los fines de semana o exclusivamente como lugares en los que desarrollar las actividades pastorales". El resto de las viviendas llevan años cerradas a cal y canto, en algunos casos incluso suman décadas inhabitadas. De entre estas, "entre un 8 y un 10% están en estado ruinoso", explica Gómez.
En Tabeirós-Terra de Montes, perteneciente a la Diócesis de Santiago de Compostela, la Iglesia es propietaria de 59 rectorales. Cabe señalar que además de las ubicadas en los municipios de A Estrada, Cerdedo y Forcarei, también se computan 24 parroquias civiles de Vila de Cruces -todas menos San Pedro de Losón, Fontao, Merza y Toiriz- y las silledenses de Dornelas y Cira, adscritas al dominio del arzobispado de Santiago. En territorio estradense hay 33 viviendas pastorales, mientras que en Vila de Cruces se registran 11, en Forcarei 9 y en Cerdedo 6 inmuebles. De todas ellas únicamente "unas nueve o diez están habitadas por el párroco", según explican responsables del arzobispado compostelano, lo que supone el 17% del total. Por privacidad y para preservar la seguridad de los sacerdotes residentes, la Iglesia prefiere no detallar la relación de las casas que están ocupadas.
También alrededor de una decena de inmuebles en esa zona, se encuentran en ruinas, sin expectativas de ser recuperados debido a la elevada inversión que sería preciso acometer.
El establecimiento de contratos entre la Iglesia y la sociedad civil no se limita a las viviendas rectorales. Las diócesis también tienen vigentes alquileres de terrenos adyacentes o pertenecientes a los inmuebles de propiedad eclesiástica.
Existen contratos suscritos con ganaderos y agricultores que, en muchos casos, han preparado las fincas para hacerlas productivas. De este modo, además del rendimiento que le reporta a los cultivadores, el alquiler redunda en un beneficio para la Iglesia por cuanto sus terrenos están cuidados. Es por ello que muchos de los usufructuarios temporales reclaman una rebaja en los arriendos en compensación por los beneficios indirectos que reportan por el mantenimiento de las parcelas.
La escasez de recursos de los obispados de Lugo y Santiago para mantener sus bienes patrimoniales hace imprescindible la suscripción de este tipo de acuerdos. Y es que no solo deben de conservar iglesias, capillas y casas rectorales, sino también parcelas ahora improductivas que generan un gasto.
La vivienda rectoral de Cortegada llevaba desde enero de 2011 cerrada, a raíz del fallecimiento del párroco que la ocupaba, Ramón Fernández Boullosa. Tras recibir trabajos de acondicionamiento, desde finales del pasado verano está alquilada por una joven pareja de la zona y su hija. "Antes residíamos en Santiago, pero aquí es otra calidad de vida", explica uno de los inquilinos, que prefiere permanecer en el anonimato.
La familia quería mudarse. "Estuvimos mirando y no fue lo primero que apareció, pero sí lo que más nos gustó", reconoce al tiempo que valora "la comodidad que hay, con la finca alrededor" y la "privacidad" que reporta vivir en el campo. Comenta que se interesó por la posibilidad de alquilarla al saber que la vivienda llevaba casi dos años cerrada y que en otros puntos de la provincia de Lugo -a cuya diócesis pertenece Cortegada- "hace muchos años que se arriendan". Se lo comentó al Padre Gerardo, el responsable de la zona, y llegaron a acuerdo. Comenta que las condiciones y el precio del alquiler son "como si fuese otra vivienda cualquiera" y bromea cuando se le pregunta por cómo se vive en la casa de un cura: "No hay ningún signo de que fuese una casa rectoral. Cuando la vine a ver estaba sin arreglar, y de estar parada casi dos años. Para saber que aquí vivió un cura tengo que salir a la ventana y mirar la iglesia", relata.
El nuevo residente de esta rectoral trasdezana anima a quienes busquen una vivienda a que pregunten por este tipo de inmuebles. "Me parece muy curioso que la gente no se interese más", aunque admite que "el problema de estas casas es que no tienen posibilidad de alquiler por el estado en el que están", lamenta.
El valor catastral de los bienes de la Iglesia en ambas comarcas suma 5.822.00 euros, al registrarse casi 360 propiedades. Entre estas se incluyen dependencias religiosas y terrenos de diferente catalogación urbanística. En Lalín tiene reconocidas 82 propiedades que suman una valía de 1,6 millones, según datos de la Dirección General de Catastro. Le supera A Estrada, con 94 bienes, aunque con una tasación de 1,5 millones en total. En Silleda la comunidad religiosa dispone de 23 propiedades con un valor catastral de 609.000 euros. Vila de Cruces registra 47 dominios por un valor de 591.000 euros.
Por debajo del medio millón de euros en bienes están Rodeiro (23 pertenencias tasadass en 254.000 euros); Agolada, con 35 posesiones de 480.000 euros; Dozón, con una docena de inmuebles por valor de 148.000 euros; Cerdedo, con 27 registros y 60.600 euros; y Forcarei, que suma 14 predios y 345.000 euros de tasación.
