El Concello de Lalín descarta la demolición total del parking Europa, a pesar de que así lo recoge el auto del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Pontevedra del pasado día 30. Tanto el concejal de Urbanismo, Román Rodríguez, como los asesores jurídico, Salvador González, y urbanístico, Javier Bugallo, sostienen que la resolución judicial permite la legalización de la infraestructura una vez que se corrijan sus excesos de altura. El ayuntamiento recurrirá a un incidente de inejecución de sentencia por imposibilidade legal cuando haya realizado las obras correctoras que crea necesarias para legalizar la actividad.

"Está claro onde xurde este problema: Nunha sobreelevación de rasante de 60 centímetros na obra física", señala Rodríguez; y aclara que "nin o concello nin a concesionaria (Portas y Acuña) lle dixemos á empresa construtora (San José) que a fixese con esa sobreelevación". Puesto que la obra física no cumple la normativa, tampoco lo hace la actividad que contiene. Por eso, el auto judicial obligó a cerrar el parking, algo que se hizo el pasado viernes, día 9. Pero considera que la resolución deja abiertas dos posibilidades: Tirar el parking o intentar legalizarlo. Y el ayuntamiento mantiene su apuesta por esta segunda opción. Ya lo intentó con un informe, "tipo anteproxecto", remitido al juzgado en febrero pasado sin obtener respuesta. "Confiámonos porque pensamos que o xuíz ía aceptar a nosa proposta e estivemos un ano sen facer nada", admite Salvador González, que reconoce el "tirón de orellas" que da el auto al concello.

Desde el punto de vista jurídico, los acuerdos municipales adoptados respecto al parking "son nulos por non cumprir o planeamento", explica González. Es una actividad sin licencia y, como tal, tiene que desaparecer. "Como obra sen licencia hai que demolela, pero atenta contra o sentido común tirala para logo facer outra igual no sitio", manifiesta el asesor jurídico, sobre todo cuando es "legalizable nun 80 ou 90%". Por eso, se decanta por la vía de la legalización de lo construido. Una vez que se hayan subsanado todas las ilegalidades –básicamente, los 60 centímetros de exceso de altura– y la obra se ajuste a la norma, el concello instará al juzgado a dejar sin ejecución la sentencia. Para ello, planteará un incidente de inejecución de sentencia por imposibilidad legal, uno de los supuestos jurídicos que permite la ley para no ejecutar los fallos. Si el juzgado lo acepta, podría legalizarse la obra sin perjuicio de indemnizaciones a terceros afectados.

Ahora los técnicos municipales están trabajando "con diferentes visións para que cumpra a normativa urbanística e o que di o informe pericial". "La duda está en qué parte del parking supera la rasante y hay que demolerla", explica Bugallo. "No se entendería la demolición total", añade el asesor urbanístico, ya que "nadie pone en duda que allí pueda haber un parking subterráneo con tres plantas, sino sólo su sobreelevación".

La intención es disponer del proyecto cuanto antes, aunque el concello tiene 60 días hábiles –esto es, sin contar sábados ni festivos– para presentarlo en el juzgado. "Temos intención total e absoluta de cumprir a sentenza", proclamó el edil, aunque intentará "co mínimo impacto para o concello". Afirmó que su gobierno no había negado información a nadie y pidió "responsabilidade" a la oposición, "porque non é só cuestión de votos, senón trascedente para o concello".